En la edición de esta semana:
- Exclusivo: Vivir y morir moderando contenido de TikTok en Kenia, el nuevo hub tecnológico de África
- Un candidato de Trump, abogado de narcos, gana por un pelo las elecciones en Colombia
- Legisladores de 18 países africanos redactan una carta continental contra los derechos de las mujeres y las personas LGBTQ+
- Extra: Nueve de cada 10 educadores de Brasil sufrieron o presenciaron censura y persecución; y el Congreso de Perú carga contra un periodista que se atrevió a investigar el poder
Vivir en el siglo XXI es navegar por nuevas formas de limitar la libertad, la salud y la vida. Algunas se parecen mucho a la esclavitud. Pero no se me había ocurrido que moderar contenidos de redes sociales fuera una de ellas.
Nuestra exbecaria y colaboradora Mukanzi Musanga estuvo un año investigando la vida y la muerte, en Nairobi, de una moderadora de contenidos y descubrió un patrón de posible trata de personas de toda África a Kenia para trabajar largas jornadas, en condiciones de explotación, eliminando videos violentos de nuestros feeds de TikTok.

Argentina, Chile, El Salvador, Ecuador, Honduras, Perú y ahora Colombia… Como piezas de un dominó, los países de nuestra región van eligiendo, uno tras otro, a candidatos que reproducen el modelo y la agenda de Trump. Pero Colombia y su pasado reciente de guerra civil merecen un relato desde adentro, como el que hicieron Martina Mariano y Euan Wallace en este artículo.

¿Te imaginás que legisladores de América Latina se reúnan en la sede de un Congreso a redactar una carta continental que elimine la posibilidad de que las mujeres y las personas LGBTQ+ obtengan los mismos derechos que el resto de la población?
Eso es exactamente lo que está pasando en África, en nombre de “valores familiares” y de… “la lucha contra el colonialismo”. Existe el riesgo de que esa carta se apruebe, nos cuenta Delali Adogla-Bessa, que se metió en la cuarta Conferencia Interparlamentaria Africana sobre Valores Familiares y Soberanía para revelar sus entretelones.

Vuelvo a las nuevas formas de limitar la libertad. En Brasil, la censura en las aulas crece de manera persistente desde hace unos 15 años. A tal punto que se creó el Observatorio Nacional de la Violencia contra las Educadoras/es.
Este organismo acaba de publicar un estudio con datos de 3.012 docentes de todo el país, de enseñanza básica y superior, pública y privada. Nueve de cada 10 dijeron haber sufrido o presenciado censura en su ámbito profesional.
Los casos descritos se refieren a prohibición o recomendación de no tocar “temas polémicos” como cuestiones políticas (73%), género y sexualidad (53%), religión (48%), negacionismo científico (4%) y cuestiones étnico-raciales (30%).

El 60% de quienes contestaron sufrieron esta censura en carne propia y refirieron intentos de intimidación (58%), cuestionamientos agresivos sobre sus métodos de trabajo (41%) y prohibiciones explícitas de determinados contenidos (35%). También hubo agresiones verbales o físicas, amenazas y despidos.
Estos incidentes aumentan en momentos de tensión política. El primer pico se registró en 2016, cuando el Congreso brasileño destituyó a la presidenta Dilma Rousseff.

Podés leer el informe completo en español acá.
Esta semana, el Congreso de Perú decidió denunciar penalmente al periodista Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros, así como a fiscales y procuradores, por sus investigaciones de la corrupción vinculada a la empresa Odebrecht. Esto es un escándalo, y por eso firmé un pronunciamiento público, junto con otros 230 periodistas de la región. También te invito a que veas al propio Gustavo explicar qué hay detrás de este ataque.
Como siempre, gracias por leernos y hasta la semana que viene.
Diana Cariboni, Editora de América Latina
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