"Los criminales me han querido silenciar todos estos años y el Estado hoy pretende hacer lo mismo. Retirarse del juicio ante la @CorteIDH demuestra que no tiene la más mínima intención de que haya justicia en mi caso y en los casos de violencia sexual". Así, contundente, se manifestó la periodista colombiana Jineth Bedoya en su cuenta de Twitter, al ver que Colombia se levantó el lunes 15 de marzo de la audiencia sobre su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH.

Después de 21 años esperando justicia y luchando por los derechos de otras mujeres que han sido víctimas de la violencia de género en Colombia, Jineth Bedoya, periodista y editora de la sección “No es hora de callar” en el diario El Tiempo, tuvo que pasar un trago amargo en un día que debería haber sido histórico al ser el primer caso de violencia sexual en el país a llegar a un tribunal internacional

El lunes pasado, Camilo Gómez, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, ANDJE, se levantó de la audiencia en la Corte IDH en la que se buscaba establecer la responsabilidad del Estado colombiano en el secuestro, tortura y violación de Bedoya en 2000, cuando realizaba una investigación en la cárcel La Modelo, en Bogotá. Esta actuación no tiene precedentes.

No lo hizo Nicaragua con Ortega, ni Venezuela con Chávez o Maduro, ni Perú en la época de Fujimori, y genera demasiadas preguntas sobre el porqué de la posición del Estado colombiano en este caso.

Pero la Corte IDH declaró improcedente la recusación de Colombia. Una recusación se da cuando en un proceso legal una parte pide que el juez que lleva el caso sea apartado alegando que no garantiza la imparcialidad. En este caso, la ANDJE, representada por Gómez, anunció, después de levantarse de la audiencia, pidiendo que todos los magistrados del caso menos uno fuesen recusados, y exigió que el proceso se detuviera hasta que se resolviera esa recusación. Gómez alegó que había "falta de garantías y objetividad en el proceso", y añadió que es una obligación de los jueces "ser objetivos e imparciales”.

Añadió que, al levantarse de la audiencia, no buscaba ser "descortés'' con la víctima, sino no prejuzgar un Estado que se presenta ante la Corte y espera de los jueces la imparcialidad. “Eso no ha sucedido en esta audiencia, y no es el primer caso", dijo Gómez.

Frente a estas declaraciones, y la decisión inédita de un Estado de irse de una audiencia, el Tribunal decidió “declarar improcedente la recusación efectuada por el Estado contra la Presidenta Elizabeth Odio Benito, el Vicepresidente Patricio Pazmiño Freire y los Jueces E. Raúl Zaffaroni y Ricardo Pérez Manrique. También declarar improcedente la solicitud del Estado de nulidad de todo lo actuado a partir del momento en que la Corte conoció de la recusación del Estado y declara improcedente la solicitud del Estado de excluir del expediente internacional aquellas preguntas formuladas por los Jueces y Jueza que dieron lugar a la solicitud de recusación."

También aclaró que declara improcedente la solicitud del Estado colombiano de remitir el incidente de recusación a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y añadió que corresponde a la Corte y sus miembros continuar con la audiencia del Caso Bedoya Lima y otra v. Colombia, hasta llegar a una conclusión satisfactoria.

El caso

El 25 de mayo de 2000, Jineth Bedoya, periodista de 26 años quien investigaba el paramilitarismo en Colombia, específicamente casos de tráfico de armas, desapariciones y homicidios que involucra a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), fue citada por un paramilitar en la cárcel La Modelo de Bogotá para ofrecerle una entrevista. Sin embargo, antes de entrar al centro penitenciario, fue interceptada por tres hombres que la subieron a un carro, la drogaron, torturaron y violaron por 16 horas.

Luego, la abandonaron en una vía de salida de la ciudad hacia los llanos. Según Bedoya, las personas que la secuestraron se identificaron como paramilitares y le dijeron que estaban enviando un mensaje al periodismo en Colombia.

Desde su ataque, Bedoya creó “No es hora de callar”, un proyecto periodístico que dirige en el diario colombiano El Tiempo y que busca defender y denunciar a las mujeres atacadas y asesinadas en Colombia.

En un video que compartió en su cuenta de Twitter antes de comparecer ante la Corte, afirmó que poder declarar ante una instancia penal tan alta significa "no solo una reivindicación para mí, como periodista y como mujer, sino una ventana de esperanza para miles de mujeres y niñas que, como yo, han tenido que enfrentarse a la violencia sexual en medio del conflicto armado colombiano".

A lo largo de la historia de la guerra en Colombia, los cuerpos de las mujeres y niñas han sido tratados como territorios de guerra. En los archivos del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), hay cientos de testimonios de mujeres violadas y torturadas solo por la presunción de que eran novias o empleadas del bando opuesto de quienes hostigaban sus pueblos en ese momento. Asimismo, el CNMH afirma que, entre 1985 y 2016, hubo 15.076 casos de violencia sexual en el marco del conflicto, de los cuales 91% eran mujeres.

Por años, el caso de Bedoya se mantuvo inactivo. Hasta hace poco, con el apoyo de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), se logró que el Estado colombiano fuera llamado a responder por no garantizar y proteger sus derechos.

Jonathan Bock, director de la FLIP, dijo a The Guardian que el caso es "extremadamente importante porque marca un precedente para todas las periodistas víctimas de violencia sexual en el marco de conflictos armados en la región".

Esto, en un país que, según el Observatorio de Feminicidios de Colombia, en 2020 tuvo 630 feminicidios y, en lo que va de 2021, 106. No es poca cosa.

Incoherencias del Estado

Con la posición de la CIDH clara, queda por ver cómo reacciona el Estado colombiano que, hasta ahora, se muestra incoherente en sus acciones.

El mismo día en que se paró de la audiencia de Bedoya, el caso más emblemático de violencia contra la mujer en Colombia en los últimos 20 años, Gómez envió una carta a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), órgano de justicia transicional creado en el marco del Acuerdo de Paz que se firmó en 2016, pidiéndole que se abra un macrocaso de violencia sexual en el conflicto.

A esto, se suma que las causales de recusación que presentó Colombia, que se basaban en que los magistrados eran "empáticos con la víctima", no serían coherentes, si se tiene en cuenta que en el caso de Bedoya los hechos ya fueron probados. En febrero del 2019, fueron condenados los ex paramilitares Alejandro Cárdenas Orozco y Jesús Emiro Pereira Rivera en el caso por una corte de Bogotá.

Este caso, sin duda, será clave para la historia colombiana y de la región, ya que sentará las bases sobre cómo manejar y sancionar casos de violencia sexual en el conflicto armado y violencia basada en género en el continente.

Aunque hayan transcurrido 21 años, el hecho de que el caso sea juzgado a nivel regional abre el camino a la justicia para tantas mujeres que han sido las víctimas sistemáticamente silenciadas e invisibilizadas en América Latina.