Los ataques y amenazas recientes a políticas LGBT, todas ellas negras, en diferentes partes de Brasil sacan a la luz que la negligencia del Estado hacia esa población incita el crimen e impulsa las espantosas cifras que hacen que Brasil sea el país más peligroso para personas transgénero en todo el mundo.

Si el gobierno no es responsable de los ataques a Carol Iara y a Samara Sosthenes, o de las amenazas a Érika Hilton, entonces es cómplice directo.

Carol Iara, que se convirtió en la primera mujer intersexo a asumir un cargo político en Brasil cuando fue elegida co-concejala como parte la Banca Feminista del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) de São Paulo en las última elecciones municipales de 2020, además de ser trans y convivir con VIH, estaba con su madre y hermano en la madrugada del martes, 26 de enero, cuando un coche disparó dos veces contra su casa. Según cuenta, un automóvil blanco con vidrios oscuros estuvo parado frente a su casa por unos tres minutos.

Unos días después, en la madrugada del domingo 30 de enero, otra co-concejala fue víctima de un ataque similar. Samara Sosthenes, que también es LGBT y negra, asumió el cargo el año pasado como parte del mandato colectivo Quilombo Periférico. Samara también estaba en su casa cuando vio cómo un hombre en una moto le disparó.

Érika Hilton, concejala negra y transexual del PSOL de São Paulo, el martes de esta misma semana reportó a las autoridades las amenazas y ataques transfóbicos y fascistas que sufrió dentro de la Cámara Municipal la semana anterior.

Para Carol Iara no queda duda. Ella fue víctima de violencia política, como escribió en su Twitter.

“Ayer sufrí un atentado político, con disparos de madrugada, frente a mi casa. Mi familia y yo estamos bien, ¡pero una co-concejala travesti fue amenazada! Pero a mí no me callarán. Estoy bien y agradezco la solidaridad de todes por su gran apoyo.

¡No te metas conmigo, porque no estoy sola!”

El país de la violencia

Entre 2015 y 2017, la población LGBT en Brasil sufrió 24.600 casos de violencia, según un estudio reciente de la Fundación Oswaldo Cruz. Según datos del Transgender Murder Monitoring (TMM) para 2020, 152 personas transgénero fueron asesinadas en Brasil, que reportó la gran mayoría de número de casos en el mundo, el 43% del total, seguido de México con 57 muertes y Estados Unidos, con 28.

Pero la violencia es seguramente mucho más alta, toda vez que organismos estatales casi nunca incluyen la causa subyacente de casos de violencia contra personas LGBT.

Sin embargo, hay evidencia anecdótica suficiente para sugerir que la violencia contra grupos LGBT ha aumentado con la popularización de la retórica extremista de derecha radical, en ascenso en todo el mundo y encabezada en Brasil por Bolsonaro.

Un reporte realizado por el medio brasileño Gênero e Número registró que el 50% de los entrevistados sufrieron algún tipo de violencia debido a su orientación sexual durante o después de las elecciones presidenciales de 2018. El 92,5% de ellos afirmó que la violencia aumentó después de la campaña de Bolsonaro.

La resistencia trae visibilidad

Brasil lidera esos rankings año tras año. Las noticias de asesinatos y violencia contra personas trans y LGBT en general, casi nunca se tornan virales o mainstream.

Casi tres años después del no resuelto asesinato de la concejala Marielle Franco, mujer negra y lesbiana, queda claro que la estrategia del Estado brasileño frente a la población LGBT es la misma que la estrategia desplegada históricamente frente a la población negra en Brasil. Ignorarla, criminalizarla y convertirla en víctima de todo tipo de crímenes para luego ejercer su poder y dejar esos crímenes en la más absoluta impunidad.

Carol Iara, Samara Sosthenes y Érika Hilton, afortunadamente, no tuvieron el mismo fin trágico de Marielle. Pero, una vez más, atraen nuestra atención para la negligencia y el papel del Estado en su victimización.

Pero tamaña violencia también ha llevado a miembros de esas comunidades a buscar involucrarse más en la política. Movimientos como Ocupa Política, que promueve redes y encuentros para promover que minorías ‘ocupen’ la política, e iniciativas de innovación política que permiten que grupos de personas se postulen para un solo cargo como un colectivo, han empoderado a esos grupos.

En las últimas elecciones registraron un número récord de candidatos LGBT, 70 de los cuales fueron elegidos, un número sin precedentes. Estos números muestran que las comunidades LGBT se están organizando para responder a la violencia y discriminación estructurales en Brasil.

La sociedad brasileña en su conjunto debería reaccionar y exigir responsabilidades a las autoridades que actúan con total desprecio y fomentan la violencia, miran hacia otro lado y se amparan en la impunidad.