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Brasil: Puede pasar cualquier cosa

Los asesinatos de Bruno Pereira y Dom Phillips en el Amazonas son consecuencia de las políticas de Bolsonaro y su gobierno en contra del medio ambiente y los indígenas

Julie Wark Jean Wyllys
10 julio 2022, 4.44pm

Ilustración que acompañó la campaña para encontrar a Dom Phillips y a Bruno Pereira una vez se conoció su desaparición en el alto Amazonas brasileño

Hacía tiempo que teníamos previsto escribir sobre la política de protección de los indígenas en Brasil. Lo peligroso que se ha vuelto esto. Ahora, tenemos dos víctimas más en la historia, el periodista Dom Phillips y su amigo, defensor de los derechos indígenas, Bruno Pereira. Sus muertes son la trágica confirmación, si es que tal cosa fuera necesaria, de que la respuesta del presidente Jair Messias Bolsonaro tras su desaparición, declarando que "Puede pasar cualquier cosa", fue una amenaza y no un lamento.

Los asesinos de Dom Phillips y Bruno Pereira no eran sólo unos pescadores ilegales en un rincón remoto de la selva. La responsabilidad recae también en un sistema excepcionalmente criminal llamado "gobierno".

En un artículo de 2019, Dom Phillips citó a un portavoz del pueblo Macuxi, Edinho de Souza: "No estamos luchando contra el agricultor, o un pequeño garimpeiro. Estamos luchando contra el gobierno". Como saben los indígenas y los defensores del medio ambiente, "las balas que matan a periodistas, activistas e indígenas en la Amazonia se compran con el dinero de la apropiación de tierras, la minería ilegal y la tala", grandes prioridades del gobierno de Bolsonaro.

Bruno Pereira y Dom Phillips fueron asesinados en la remota región amazónica de Vale do Javari, el segundo territorio indígena más grande de Brasil, cerca de las fronteras con Perú y Colombia, lugar donde habitan más tribus no contactadas (que rechazan el contacto) que cualquier otro lugar del mundo, y también un lugar extremadamente violento debido a las actividades de minería ilegal, tala de árboles, drogas y caza furtiva. Por muy trágicos que sean estos dos asesinatos en sí mismos, son aún peores por lo que representan: el peligro que corre cualquiera que intente proteger la Amazonia y sus pueblos.

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De hecho, el propio Bolsonaro, retrasando los esfuerzos de búsqueda y tratando de culpar a los dos hombres por su destino, en realidad obedeció a la compulsión de confesar lo que Edinho de Souza y su gente saben muy bien: "Realmente dos personas solas en una canoa, en una región como esa, completamente salvaje, es una aventura que no se recomienda emprender... Puede pasar cualquier cosa".

Si la región es "completamente salvaje", el gobierno de Bolsonaro ha hecho todo lo posible para que lo sea. Si afirma que defender los derechos indígenas es una "aventura", con eso está proclamando su desprecio por los derechos indígenas. Si Phillips era "desagradable" en la región, como afirma Bolsonaro, la pregunta es a quién le desagradaba (no hay premios por adivinar la respuesta: al gobierno y sus secuaces).

Por último, la prensa brasileña tradicional, que informó de forma destacada a políticos como Boris Johnson y otras eminencias que expresaban su "profunda preocupación" por los dos hombres, dio en su mayoría a dichas eminencias preocupadas más cobertura que al valioso trabajo que Pereira y Phillips estaban haciendo. Se informó de sus muertes, se informó de las detenciones, pero hubo pocos intentos de explicar por qué fueron asesinados y, subiendo en la cadena de responsabilidad, quién quería que eso ocurriese. Bolsonaro puede sentir que su amenaza tiene éxito.

Dado que la crisis climática y la inminente desaparición del planeta no son tan sexys como el espectáculo de la batalla judicial entre Johnny Depp y Amber Heard, y dado que los medios de comunicación deben presentar siempre nuevas historias, aquello a lo que ambos hombres se dedicaban con pasión, las cuestiones inseparables de la selva tropical devastada y los derechos de los indígenas, pronto se desvanecerá bajo el peso de, por ejemplo, los informes sobre el próximo festival de bla-bla-bla del G7 en algún castillo bávaro.

Sin embargo, el motivo por el que dieron sus vidas es la cuestión crucial que está implícita en todo el dolor por sus brutales asesinatos, no sólo para identificar a los verdaderos responsables de sus muertes y por qué, sino también porque su trabajo es un ejemplo a seguir para cualquiera que se preocupe por los derechos humanos y por la gravísima cuestión del destino de la Amazonia y, por tanto, del planeta.

Como es lógico, la policía afirma que los asesinos actuaron solos. Se ha detenido a un cazador furtivo llamado Amarildo da Costa Oliveira (o Pelado) y, en el momento de escribir este artículo, la policía dice que hay otros sospechosos. El día anterior a los asesinatos, cuando patrullaban en busca de cazadores furtivos, Pereira, Phillips y un equipo de Univaja (Unión de Pueblos Indígenas del Valle del Javari) habían sido amenazados por el Pelado y otros hombres. Unos días antes, las denuncias de los equipos indígenas habían llevado a la confiscación de capturas ilegales, y Pereira había dado a la policía y a los funcionarios del Ministerio de Justicia información detallada sobre una red criminal internacional implicada en la pesca ilegal y la caza furtiva, una empresa que, al parecer, está controlada a un nivel aún más alto por los narcotraficantes.

Univaja subraya que las autoridades ignoraron habitualmente las denuncias sobre las actividades de las bandas criminales, que el crimen estaba bien planificado y que "una poderosa organización criminal (había) intentado a toda costa cubrir sus huellas durante la investigación" del doble asesinato.

La responsabilidad de la anarquía en la Amazonia reside más en los pasillos del poder en Brasilia que en los remotos tramos de los ríos de la selva

También afirma que denunció al Pelado por pesca ilegal el pasado mes de abril y recuerda que, en 2018 y 2019, había disparado contra una base de la Fundación Nacional del Indio FUNAI -el organismo gubernamental que se encarga de las políticas relacionadas con los pueblos indígenas- para la que Pereira trabajaba en ese momento. Los asesinatos se entienden en el Valle del Javari como un ataque simbólico a cualquiera que represente lo que defienden algunos empleados de la FUNAI, Univaja y otras organizaciones indígenas, y por supuesto a los propios pueblos indígenas.

La FUNAI es fundamental para la historia porque muestra cómo la responsabilidad de la anarquía en la Amazonia reside más en los pasillos del poder en Brasilia que en los remotos tramos de los ríos de la selva. Bolsonaro ha destripado la FUNAI, convirtiéndola de una organización legalmente responsable de proteger los derechos de los pueblos indígenas en algo más parecido a un Departamento de Pogromos.

El vicepresidente brasileño, el general Hamilton Mourão, llamó inadvertidamente la atención sobre esta aversión a todo lo indígena cuando apoyó la versión policial de los asesinatos, pero no pudo resistirse a añadir algunos adornos mafiosos propios. Los asesinos eran comerciantes fluviales enfadados y borrachos, dijo, y esas "situaciones" son "comunes" fuera de las grandes ciudades. Descartó la muerte de Dom Phillips como un "daño colateral". Simplemente se había "colado" en la historia. Como si nunca hubiera escrito un solo artículo exponiendo los planes del gobierno para el Amazonas. El verdadero objetivo, declaró el general, era Bruno Pereira.

Las personas con un poco de memoria recordarán que Pereira era detestado por el poder, el grupo de la bala, la carne y la Biblia. Fue destituido como jefe de la Unidad de Coordinación General de Indios No Contactados (CGII) de la FUNAI, nada menos que por el (entonces) ministro de Justicia, Sergio Moro -el ex juez que detuvo ilegalmente al presidente Luís Inácio da Silva (Lula) en 2018 para favorecer al candidato Bolsonaro, hijo de un garimpeiro y enemigo público de los indígenas- poco después de que dirigiera una operación que resultó en la expulsión de cientos de garimpeiros del territorio indígena en el estado de Roraima.

El nuevo jefe del CGII es un antiguo misionero evangélico que está empeñado en "contactar" con las tribus que Pereira tanto trabajó para proteger. Un reciente informe del Instituto de Estudios Socioeconómicos y de la ONG Indigenistas Asociados muestra que sólo dos de las 39 oficinas regionales de la FUNAI están dirigidas por personal propio. Militares, policías y personas sin experiencia previa en el campo han sido puestos a cargo del resto.

Muchos de los expertos de la agencia que intentan proteger a los indígenas han sido despedidos, perseguidos o desacreditados por sus nuevos administradores. Creado en 1987, el CGII fue fundado por el explorador, activista y etnógrafo Sydney Possuelo, que había sido testigo de la muerte y las enfermedades causadas por las misiones gubernamentales que contactaron por la fuerza con tribus previamente aisladas. Introdujo importantes cambios en la política gubernamental, y la anterior estrategia de "integración" fue sustituida por otra que reconocía el derecho de los pueblos indígenas a permanecer aislados. El CGII es teóricamente responsable de la protección de 14 millones de hectáreas (una superficie mayor que la de España) de territorio indígena aislado.

La FUNAI fue precedida por el Servicio de Protección del Indio (SPI), fundado en 1910 durante el auge del caucho en el Amazonas, con el objetivo aparente de integrar a los indios en la sociedad "mayoritaria", pero sin molestarse en ocultar otras intenciones de apoderarse de sus tierras y contrarrestar la influencia de la iglesia católica. Pronto se convirtió en un nido más de burocracia y corrupción, que luego se transformó en una brutalidad incontrolada por parte de los funcionarios del SPI, como se denunció en 1967 con el Informe Figueiredo, de 7.000 páginas, redactado por el entonces fiscal general Jader Figueiredo Correia.

Esto provocó una protesta internacional (especialmente tras el artículo de Norman Lewis en el Sunday Times en 1969, titulado "Genocidio"), ya que reveló horrendos crímenes -incluyendo asesinatos en masa, tortura, esclavización, guerra bacteriológica, abusos sexuales, cacerías humanas, envenenamiento y robo de tierras- contra la población indígena por parte de los terratenientes y del propio SPI.

Algunas tribus fueron exterminadas y otras diezmadas. Después de 1968, Figueiredo fue perseguido por el régimen y murió en un misterioso accidente que nunca se investigó debidamente. Con el AI-5 (Acta Institucional nº 5) de la dictadura militar, que inauguró los "Años de Plomo" de Brasil e institucionalizó la tortura, la censura y la represión, el Informe Figueiredo fue amordazado. Desapareció durante 45 años, supuestamente en un incendio en el Ministerio de Agricultura (un hogar apropiado para él, pensaron los generales), pero finalmente fue redescubierto en el Museu do Índio de Río de Janeiro en 2013, tras lo cual ha vuelto a permanecer casi inactivo.

Con la Ley 5.371 de 1973, los pueblos indígenas de Brasil quedaron bajo la protección de la FUNAI, para que la Amazonia y los pueblos "contribuyeran económicamente" al Estado de Brasil. Por lo tanto, desde su creación, el papel de la FUNAI era ambiguo y dependía del tipo de gobierno en el poder. Podía proteger a los indígenas como agencia gubernamental, pero también podía actuar en contra de su bienestar en aras del "interés nacional", por ejemplo, concediendo licencias privadas para la explotación minera en tierras indígenas o, a principios de la década de 1970, construyendo la carretera transamazónica hasta la frontera con Perú, permitiendo así el acceso de las empresas extractivas a zonas de la selva que antes eran inalcanzables.

En gran parte gracias a la labor de Sydney Possuelo, la situación pareció mejorar cuando la Constitución de 1988 reconoció que los pueblos indígenas no debían ser forzados a asimilarse y, en el artículo 231, definió sus derechos sobre la tierra, estipulando la responsabilidad de la FUNAI de demarcar sus territorios en un plazo de cinco años. Pero, en 1993, sólo se había delimitado alrededor del 50%.

En 1996, el presidente Cardoso aprobó el Decreto 1775, el "decreto del genocidio", que permitía a los intereses comerciales impugnar las tierras demarcadas y, en 2009, el presidente Luís Inácio da Silva (Lula) firmó el Estatuto de la FUNAI (Decreto Presidencial 7056), que cerró cientos de oficinas y puestos de la FUNAI, violando así el Convenio 169 de la OIT, que exige al gobierno debatir los cambios legales que afectan a las poblaciones indígenas. Sin embargo, su gobierno aprobó 81 solicitudes de demarcación.

Sólo horas después de asumir el cargo en enero de 2019, Bolsonaro trasladó la FUNAI de depender del Ministerio de Justicia al Ministerio de Derechos Humanos, Familia y Mujer, creado para responder a su propia parodia y dirigido por la evangélica de valores familiares Damares Alves, que tiene un título de maestría "otorgado por mi iglesia" y que también experimentó una visión de Jesús en la cima de un árbol de guayaba.

También se ha informado de que utiliza las campañas de su grupo religioso contra el supuesto infanticidio para incitar al odio contra los pueblos indígenas, y de que "adoptó" ilegalmente a una niña de la aldea de Kamayurá, en la reserva indígena de Xingu, a la que, según sus habitantes, se la llevaron con el falso pretexto de que buscaba un tratamiento dental.

Como si Damares Alves no fuera lo suficientemente nocivo, Bolsonaro le otorgó la tarea de demarcación de tierras que ejercía la FUNAI, consagrada constitucionalmente, al Ministerio de Agricultura, "un activo participante en esta política de deconstrucción del Estado, de los derechos y de los mecanismos de control y que pretende ampliar la extensión territorial útil del sector", que "ha autorizado el uso de pesticidas y muchas otras medidas peligrosas que garantizan los intereses del caucus rural".

El actual director de la FUNAI es conocido como alguien que "echa espuma de odio" hacia los indígenas y la ve como "un obstáculo para el desarrollo nacional"

Casi inmediatamente después de esta medida, las organizaciones indígenas empezaron a denunciar asesinatos, atentados, deforestación, incendios provocados y amenazas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (ya que el Ministerio de Derechos Humanos brasileño se encuentra entre los infractores). Y, de nuevo, Dom Phillips informó sobre lo que realmente estaba sucediendo cuando Bolsonaro puso el "nido de ratas ... en llamas" al nombrar al ex policía Marcelo Xavier da Silva, que está estrechamente relacionado con la agroindustria, para dirigir la FUNAI. Este hombre es conocido como alguien que "echa espuma de odio" hacia los indígenas y ve a la FUNAI como "un obstáculo para el desarrollo nacional".

Bolsonaro ha deformado y paralizado no solo la FUNAI, sino también el Ministerio de Medio Ambiente, su sección de desarrollo sostenible Ibama, el instituto de seguimiento de la deforestación, Inpe, y el Instituto Chico Mendes (asesinado en 1988) para la Conservación de la Biodiversidad.

En otras palabras, está abriendo la Amazonía a las industrias extractivas, permitiendo más pesticidas y fomentando los acaparamientos de tierras al desmantelar todo tipo de protección ambiental. Sólo en 2020 cambió 593 normas relacionadas con el medio ambiente.

Mónica Sodré, directora de la Red de Acción Política para la Sostenibilidad señala que, aunque estos procesos no comenzaron con el gobierno de Bolsonaro, se han vuelto mucho más feroces porque no se trata sólo de sabotear las leyes, sino que "con esta retórica de decir absolutamente cualquier cosa, se fomenta la ilegalidad y actos como (el asesinato de Bruno y Dom)."

A sus muertes se suman las registradas por el Foro Brasileño de Seguridad Pública, las 8.729 personas de la región amazónica que murieron de forma violenta intencional en 2020 (son 24 por día), "la mayoría de ellas relacionadas con conflictos agrarios y ambientales", especialmente en el Valle del Javari.

Más información detallada sobre la violencia ejercida contra los pueblos indígenas se encuentra en los informes del Conselho Indigenista Missionário (CIMI), que abarcan la violencia contra la propiedad, la persona, contra los pueblos aislados y la resultante de las políticas públicas, así como los incendios, el encarcelamiento, el presupuesto indígena y las políticas de Bolsonaro.

Mientras tanto, al dar la nueva cifra récord de 430 casos en 2021 de violencia contra periodistas, la Federación Nacional de Periodistas observa que "la continuidad de las violaciones de la libertad de prensa en Brasil está claramente asociada al ascenso de Jair Bolsonaro a la Presidencia de la República".

Después de dejar la FUNAI, Bruno Pereira se fue a trabajar con Univaja, que no tiene "apoyo" del gobierno. Como escribe Andrew Downie, "el don de Pereira para la recaudación de fondos y la construcción de puentes, junto con el desprecio de Bolsonaro por la FUNAI, significa que Univaja tiene ahora mejores barcos y mejores equipos que el organismo gubernamental."

De hecho, "los miembros de Univaja fueron de las primeras personas en el río que ayudaron a buscar a Phillips y Pereira tras su desaparición el 5 de junio. Funai no tenía embarcaciones en funcionamiento y tuvo que contratar lanchas para ayudar en las labores... Univaja está capacitando a los indígenas para que se cuiden a sí mismos". Univaja es una cuestión de derechos.

Mientras tanto, el gobierno sigue adelante con sus proyectos. El Secretario Especial de Cultura, el ex actor de telenovelas Mário Frias, está ocupado vendiendo una loca teoría de una fabulosa ciudad subterránea llamada Ratanabácomo una forma de distraer la atención de los asesinatos del mundo real, justo cuando Elon Musk llega para discutir los planes de la selva (¿vender el cielo del Amazonas para los satélites de "monitoreo" de Musk?) con Bolsonaro, "para que el Amazonas sea conocido por todos en Brasil y en el mundo, para mostrar la exuberancia de esta región, cómo la estamos preservando, y cuánto daño nos están haciendo los que difunden mentiras sobre esta región".

Cuando la monja Dorothy Stang, nacida en Estados Unidos y nacionalizada brasileña, defensora de la selva y de los pueblos indígenas, fue asesinada por sicarios de ganaderos en 2005, el entonces presidente Lula creó una oficina en Pará para investigar el crimen. Esta vez, los criminales se sintieron amenazados. Con el "todo puede pasar" de Bolsonaro se sienten empoderados. La muerte de Dorothy Stang fue una reacción a las medidas de Lula para proteger el medio ambiente.

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Los asesinatos de Bruno y Dom apuntalan un régimen sin ley. Sin embargo, también han planteado cuestiones muy importantes que expresan cada vez más los pueblos indígenas, que desafían la noción de protección, que siempre ha significado decirles lo que pueden y no pueden hacer, dónde y cómo pueden y no pueden vivir. Reclaman derechos humanos plenos.

No se ha divulgado mucho, pero Lula se reunió con líderes indígenas en agosto de 2021, cuando más de 5.000 personas montaron el campamento de Lucha por la Vida en Brasilia para protestar contra el "marco temporal" pseudolegal que limita la demarcación reconocida de las tierras indígenas a las que estaban en su posesión o bajo disputa probada a partir del 5 de octubre de 1988, cuando entró en vigor la actual Constitución. Les prometió que, si gana las elecciones de este año, creará un Ministerio de Pueblos Indígenas, dirigido por sus propios representantes, que gestionará los asuntos relacionados con sus tierras y los biomas que incluyen.

Si esto ocurre, será un paso serio y responsable en el fomento de los derechos humanos y la mejora de la salud del planeta. Y para eso trabajaban Bruno y Dom.

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Una versión en inglés de este artículo se publicó previamente en CounterPunch. Léala aquí

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