La Convención Constitucional chilena terminó su trabajo durante los primeros días de julio y entregó un borrador de nueva Constitución que intenta hacerse cargo de varias heridas del país: entre ellas está el profundo centralismo que ha marcado la política, economía y el desarrollo nacional. La concentración del poder en la capital y la inequidad con el resto de las regiones son una de las demandas más sentidas de la ciudadanía, desde hace décadas.
Con ese diagnóstico en mente, el órgano constituyente se obligó a sí mismo a incluir una fuerte mirada regional e incorporó en sus primeros reglamentos el deber de sus constituyentes de desplazarse a lo largo del territorio para sesionar y conocer otras experiencias fuera de la ciudad de Santiago. De esa forma nacieron las “semanas territoriales”, que iniciaron como un período de siete días por mes para que los convencionales regresen a sus distritos correspondientes con el fin de compartir con la ciudadanía las principales dudas e ideas del proceso.
Este mecanismo ya existe en el Poder Legislativo actual, pero a los convencionales se les puso como requisito entregar un informe sobre sus actividades en esa semana, fuera del edificio donde funciona la Convención. Pero la Convención Constitucional innovó al establecer en reglamento la obligación para el plenario completo del órgano de sesionar en regiones alejadas de la capital al menos dos veces; y el mismo requisito para algunas comisiones, como la Comisión de Forma de Estado, que fue la que terminó diseñando el “Estado regional” que reemplazaría al modelo del actual “Estado unitario”, si la ciudadanía aprueba la nueva Constitución en septiembre.
