El contundente rechazo ciudadano a la propuesta de Carta Magna que presentó la Convención Constitucional chilena no acabó con el deseo de un proceso constituyente, pero la discusión se ha desdibujado y regresó a las manos de los partidos políticos.

En las últimas semanas, las colectividades de izquierda y derecha se han reunido con el fin de generar un marco común para diseñar la forma en la que seguir, aunque los avances han sido lentos y enredados por polémicas y declaraciones mal evaluadas por ambos sectores. Con esos antecedentes, aún es difícil pronosticar cuándo se volverá a discutir una nueva propuesta constitucional en Chile y si será en el seno de un nuevo órgano constituyente ciudadano, uno integrado solo por “expertos” o incluso en el Congreso.

Lo que sí es claro es que esta sería la última oportunidad para lograr una Carta Magna que deje atrás finalmente el texto impuesto durante la dictadura de Augusto Pinochet, y que para lograr que la ciudadanía lo apruebe será necesario aprender de las lecciones que dejó este proceso fallido.

Los diagnósticos sobre el abrumador rechazo que recibió el texto de la Convención siguen apareciendo con el paso de los días, y las explicaciones apuntan a varios factores: la incapacidad del órgano de leer lo que necesitaba el grueso de la población; la preponderancia que se le dio a causas de constituyentes independientes que no representaban masivamente a la ciudadanía; errores comunicacionales y polémicas provocadas por los convencionales; y la falta de inclusión del sector representado por la derecha en el órgano, entre varias más.

Según Tania Busch, profesora de derecho constitucional en la Universidad Andrés Bello y ex integrante del comité que sancionaba a los constituyentes por faltas a la ética, hay al menos dos lecciones que aprender del proceso.

“Una de las grandes decepciones fue el desempeño de las listas de independientes, hay excepciones, pero creo que el rol de los partidos políticos debe ser fortalecido para lograr resultados que signifiquen acuerdos amplios”, dice Busch.

Primera lección: Ampliar la conversación

Tal vez la lección clave para no volver a fallar tiene que ver con la amplitud del debate y de los acuerdos. Si bien todas las normas que llegaron a la propuesta constitucional contaron con la aprobación de 2/3 de los constituyentes (103 de 154), para alcanzar esa fracción bastaba sólo con el acuerdo de la izquierda y de la mayoría de la centroizquierda.

Por eso, durante el proceso constituyente la coalición que representaba a la derecha en el órgano, Vamos por Chile, acusó más de una vez que se los estaba excluyendo del debate y hacia el final del funcionamiento de la Convención también se sumó a estas críticas un sector del centro.

En ese sentido, la clave de acuerdo con Busch es “la necesidad de incorporar a todos los actores políticos más allá de lo procedimental y de los resultados. Debemos sentir que nuestras voces fueron efectivamente escuchadas durante el proceso, porque la legitimidad del procedimiento se comunica con el resultado. Es necesario que la ciudadanía legitime el procedimiento usado para que también legitime su resultado”.

El ex constituyente y abogado experto en materia constitucional, Fernando Atria, reflexionó sobre este mismo punto en una publicación que hizo los últimos días de septiembre sobre las razones del fracaso. Desde su posición en la coalición de izquierda, el Frente Amplio, Atria asegura que “debimos haber insistido en la necesidad de ampliar la conversación”.

“¿Qué podríamos haber hecho para eso? Simplemente negarnos a continuar. Esto habría puesto en riesgo el desarrollo de la Convención, porque había sectores que no sentían mayor responsabilidad por avanzar en la propuesta de una nueva Constitución, sino que buscaban hacer visibles sus propias demandas. Hoy, con la claridad que permite la mirada retrospectiva, creo que era un riesgo que debimos haber asumido”, señala.

Segunda lección: Más participación ciudadana

Un factor adicional tiene que ver con la participación en el proceso. Si bien la Convención nació como un órgano ciudadano y había altas expectativas sobre el nexo que se generara con la gente, el acotado tiempo que tuvo para su trabajo impidió una conexión más frecuente con las personas.

Pero también sucedió que la participación ciudadana fue poco considerada cuando se trataba de iniciativas de normas presentadas por la gente -que recibieron apoyo de decenas de miles de personas- que no coincidían con lo que los convencionales buscaban.

Para la doctora en Derecho de la Universidad Austral, Viviana Ponce de León, es difícil plantear “lecciones” mientras no se realice un análisis profundo sobre las razones de lo que ocurrió, pero “una posible lección a extraer del proceso recién concluido es que reservar la participación de la ciudadanía para un plebiscito final en el que deba emitir un pronunciamiento binario -apruebo/rechazo- sobre un texto jurídico extenso y complejo parece no ser la estrategia más adecuada”.

“Es necesario pensar en caminos alternativos para involucrar de forma continua a la ciudadanía en un eventual nuevo proceso constituyente”, asegura la académica.

La ex constituyente y artista Malucha Pinto remarca que algo que aprendió durante el trabajo de la Convención fue que la falta de participación es un problema serio. “Todo lo que va construyendo el poder no tiene legitimidad alguna, deja de ser significativo, no representa nada para nadie y sin embargo va funcionando y se van tomando decisiones, y van construyendo un mundo al que no pertenece nadie. Eso está haciendo una crisis profunda”, asevera.

Los mínimos para seguir la conversación

El proyecto de nueva Constitución que se rechazó en septiembre abordaba una lista de materias innovadoras para un texto de esa índole, incluso a nivel mundial, y avanzaba en la consagración de derechos y declaraciones que hace tiempo defienden los sectores progresistas, como un Estado social democrático de derecho.

Varios puntos no tuvieron sentido para la ciudadanía, lo que se expresó en el rechazo a la propuesta, pero en la conversación para continuar el proceso constituyente ya han surgido algunos mínimos a los que debería aspirar una nueva Constitución en esta segunda y última oportunidad.

“Parece lógico asumir como mínimos a recoger aquellos tópicos en los que no parece haber mayor desacuerdo político. Entre ellos se encuentran el Estado social y democrático de derecho, la ampliación de los derechos fundamentales, la paridad de género y la protección del medio ambiente”, plantea Ponce de León.

También se ha mencionado la descentralización, que hace décadas es una demanda en Chile, y alguna forma de reconocimiento a la existencia de pueblos indígenas. En esto hay consenso desde la derecha hasta la izquierda, pero la forma que tomarán esos temas en un nuevo texto será la clave para lograr un acuerdo. Diversos académicos y políticos han señalado que en esta oportunidad, la Carta Magna será mucho más “modesta” y no aspirará a transformaciones tan profundas.