Las políticas minera y petrolera del presidente Guillermo Lasso han sido rechazadas por organizaciones y nacionalidades indígenas. En octubre de 2021, con una movilización de delegaciones de toda la región amazónica, las organizaciones presentaron una demanda de inconstitucionalidad al decreto 95 que delinea la política petrolera: se duplicará la producción. En diciembre, presentaron otra contra el decreto 151: da luz verde para ampliar la frontera minera a gran escala.
Estos decretos fueron emitidos por el Presidente en los primeros seis meses de su mandato. Su ejecución preocupa a las organizaciones indígenas por la vulneración de los derechos colectivos y de la naturaleza que ellos implican. Por un lado se duplica la producción petrolera y minera, y por otro no se respeta los derechos colectivos, entre ellos el derecho a ser consultados sobre si aceptar o no este tipo de actividades en territorios indígenas.
“Llevamos años demostrando que nuestra subsistencia no ha cambiado con la explotación petrolera y minera. Nuestros dirigentes de base llevan décadas arriesgando su vida, diciendo que extraer recursos de sus territorios no les ha dejado más que destrucción, conflictos sociales y desastres ambientales”, dijo Marlon Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) —una de las que presentó las demandas.
