El mundo se ha alarmado en estas semanas por los devastadores incendios que acechan principalmente los bosques amazónicos de Brasil, la Chiquitanía boliviana y los pantanales paraguayos. Aproximadamente 1.000.000 de hectáreas de bosques biodiversos han sido afectadas en las últimas semanas por impresionantes y recurrentes incendios, evidentemente provocados y sin control.

Nos encontramos ante una desgracia de magnitudes nunca antes vistas, cuyas consecuencias son impredecibles. La única aparente certeza que nos dan los expertos es que regenerar estos bosques a condiciones similares podría tomar más de 200 años. Ante estos sucesos, Noam Chomsky ha catalogado lo que está ocurriendo como un “crimen de lesa humanidad”.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aparece hoy como el gran culpable de este evento catastrófico ya que, desde su campaña para presidente, ha mantenido un discurso de odio hacia los pueblos indígenas y sus territorios, tildándolos de un “estorbo para el desarrollo”. También ha atacado las políticas conservacionistas apoyadas en organizaciones no gubernamentales y en legislaciones existentes contra la expansión de las limitaciones agrícolas y ganaderas, así como también de la extracción minera y la explotación petrolera.

Con el apoyo de grandes inversionistas y empresarios, Bolsonaro ha traído consigo un plan sistemático para explotar y saquear la Amazonía y cualquier otro territorio donde existan recursos en el suelo y en el subsuelo, argumentando que la “Amazonía es de los brasileños”.

Los datos para confirmar que el saqueo ya ha comenzado se pueden encontrar en los últimos informes del INPE en los que se evidencia que, desde inicios del 2019 hasta julio, en Brasil se incrementó la tasa de deforestación en la Amazonía en un 278%, y en cuanto a territorios amazónicos quemados durante ese periodo, se calculan en 18.600 km² (un 62% más que el año pasado), a lo que habría que añadir los graves incendios, que continúan ardiendo a día de hoy.

Estamos ante nada más y nada menos que un “eco-cidio” planificado y sistemático que debe ser juzgado por la humanidad entera, y condenar a los responsables. Más allá del presidente de Brasil, es importante tomar en cuenta las presiones empresariales que hay detrás del avance de las industrias que deforestan la Amazonía, y reclamar responsabilidades.

Sin embargo, urge ser conscientes que la deforestación y quema de la Amazonía, y de otros diversos ecosistemas de alta biodiversidad que son de suma importancia para el equilibrio eco-sistémico y para la reproducción de la vida en el planeta, no es algo que apareciera con Bolsonaro, ni se solucionará simplemente sacando a Bolsonaro del poder.

Este es un problema que trasciende las ideologías políticas de “izquierda vs derecha”, que son presentadas a la ciudadanía desde una ilusa democracia representativa que solo ha demostrado que a quienes “representa” en realidad es a los poderes fácticos de un sistema-mundo que nos está llevando a la aniquilación de la vida en este planeta, incluyendo la vida humana.

En el caso de Brasil, durante la presidencia de Dilma Rousseff (gobierno de izquierda), en los últimos meses del año 2014 hubo un aumento en la deforestación de la Amazonía de un 467% con respecto a los datos registrados en 2013. En total durante los años 2012 y 2014, según datos del propio INPE, se deforestó aproximadamente 8.000 km². Además, al mismo tiempo que arde la Amazonía de Brasil, más de 500.000 hectáreas de la Chiquitanía boliviana están también ardiendo debido a la presión institucionalizada de la industria agrícola (cultivo de haba de soya y de mata de coca) y ganadera industrial, ambas impulsadas por el gobierno “progresista” de Evo Morales, que ha promovido la expansión de cultivos intensivos y de gran escala.

En el caso de la Amazonía en Ecuador ocurre algo similar,. En el año 2013, durante el gobierno del también “progresista” Rafael Correa, se aprobó la explotación petrolera del Parque Nacional Yasuní en la Amazonía ecuatoriana, una de las regiones con más alta biodiversidad en todo el planeta y hogar de Pueblos en Aislamiento Voluntario. Además de esto, el propio Correa promocionó la expansión de bloques petroleros y concesiones mineras de gran escala hacia el sur de la Amazonía ecuatoriana.

Actualmente, en Ecuador se puso en marcha la nueva industria de minería a gran escala en esta región amazónica, impulsada por el actual gobierno ecuatoriano, que nadie considera ultraderechista. Sin embargo, está poniendo en grave amenaza territorios amazónicos bastante bien conservados que además son territorios indígenas y áreas protegidas donde la frontera petrolera no había llegado.

Existen estudios que demuestran que la tasa se de deforestación de la Amazonía ecuatoriana ya alcanza aproximadamente un 0,7% anual, mientras que en Brasil sería en torno al 0,2% anual. Así, la idea de que sólo Bolsonaro esta arrasando la Amazonía es una conclusión evidentemente apresurada y simplista.

Y es que el problema de la depredación de la Amazonía y, en general, de los últimos bosques biodiversos del planeta, no tiene necesariamente como responsable a un gobierno o a una tendencia política, sino que responde a una ideología sistémica, un paradigma incuestionado e incuestionable hasta ahora: responde a un paradigma llamado capitalismo.

Hoy vemos cómo, más que ser un sistema de vida, el capitalismo es un efectivo sistema de muerte que, con gran eficiencia, crea inequidades y explota la naturaleza hasta sus últimas consecuencias.

El neoliberalismo, el progresismo, la globalización y el desarrollismo resultan ser en el fondo una misma fórmula para acelerar la extracción de recursos naturales en el menor tiempo posible, para acumular capital y esto, a su vez, permite acumular poder.

Lo llaman “Desarrollo” cuando en realidad los récords negativos en términos ecológicos y sociales sólo nos demuestran que es un “Mal Desarrollo”. Es decir, en palabras de José María Tortosa, estamos ante un sistema “mal desarrollador”.

Todo se justifica bajo la bandera del “desarrollo”: la expansión agrícola, la expansión ganadera, la tala indiscriminada (legal e ilegal) de madera, la construcción de carreteras e infraestructuras industriales petroleras y mineras de gran escala en territorios de muy alta biodiversidad. El propio presidente Correa, durante su mandato, dijo que: “no podemos ser mendigos sentados en un saco de oro”, al referirse a los movimientos sociales que se opusieron a la política extractivista de su gobierno.

Ante esto, lo único que nos queda es pensar que Bolsonaro y Morales, Macri y Maduro, Uribe y Correa, Lula y Bachelet, entre muchos otros gobernantes, buscan lo mismo desde distintas justificaciones y quizás con distintos discursos. Pero en el fondo y en la práctica, todos han contribuido y contribuyen al aniquilamiento de la vida en este planeta y han actuado como cómplices encubridores de un sistemático Ecocidio.

Ahora bien ¿cómo detenemos este ecocidio? Evidentemente es necesario un cambio de cultura y una transformación de paradigma, ya que la situación actual es insostenible y la solución no pasa por votar por gobiernos de izquierda o de derecha.

Según el último informe del Panel Intergubernamental Sobre Cambio Climático (IPCC), es recomendable regresar a ver a los pueblos originarios para aprender cómo conservar territorios sensibles. Según el estudio realizado por el IPCC, las áreas gestionadas o co-gestionadas por pueblos originarios tienen índices de presencia de aves, mamíferos, anfibios y reptiles mucho mayoresque otras regiones (incluidas áreas protegidas), lo que demuestra que esta mayor biodiversidad se conserva gracias a las prácticas y usos de suelo de las culturas originarias.

Son pueblos que quizás no sobrepasan el 5% de la población mundial, pero que han conservado hasta casi el 80% de las áreas más biodiversas del planeta. Irónicamente, ellos son lo que “frenan el desarrollo”.

La clave para detener el ecocidio y frenar el desarrollo debe entenderse desde y con los pueblos originarios de la Amazonía.