Desde el pasado 13 de junio el Ecuador está paralizado. Un levantamiento social liderado por las principales organizaciones indígenas y campesinas del país, que pusieron sobre la mesa 10 puntos específicos que ya se venían demandando desde junio de 2021 pero que no obtuvieron respuestas efectivas, ni tan siquiera intentos del gobierno por atender esas demandas.

Entre las demandas se encuentra la necesidad de bajar los costos de los combustibles para disminuir costos, especialmente de los alimentos; moratoria de deudas con el sistema financiero a familias empobrecidas; precios justos a alimentos básicos; frenar la precarización laboral; moratoria al avance de la frontera extractiva, particularmente de las industrias petroleras y mineras en territorios indígenas y áreas protegidas; respeto a los 21 derechos colectivos; detener la privatización de sectores estratégicos y de bienes públicos; políticas de control de precios, especialmente de productos de primera necesidad; mejorar el sistema de salud que está en crisis y garantizar el acceso a educación a los jóvenes; y políticas efectivas de seguridad para frenar la ola de violencia que azota al país.

El contexto socio económico en que se avivan las protestas es preocupante. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 3 de cada 10 hogares en Ecuador no logra cubrir una canasta básica y tan solo el 32.5% de la población tiene un empleo adecuado. Además los niveles de pobreza y pobreza extrema son insostenibles: el 32% de la población vive con menos de $USD 2.80 y el 15% vive con menos de $USD 1.80, y el 27% de niños y niñas menores de 2 años sufre desnutrición crónica.

Sin duda, estos datos no son consecuencias directas del actual gobierno, pero sí ha sido su responsabilidad no atenderlas con la urgencia debida y estar más preocupado por las pugnas políticas que intentan consolidar a toda costa un modelo neoliberal.

Ante todo esto, en un escenario de profunda crisis económica acumulada, especialmente agudizada en los últimos años, y profundizada por la pandemia de la Covid-19, sumada a una crisis de seguridad evidenciada en los datos delincuenciales y la violencia desmedida en las cárceles del país como nunca se había visto, la probabilidad de un estallido social era muy alta.

El gobierno no solo ha descuidado todos estos frentes que denuncian los movimientos sociales, sino que ha dedicado su primer año de mandato (y como clara continuación del anterior gobierno) a poner en marcha un plan de vacunación contra el Covid-19, que fue efectivo, pero no ha hecho nada por paliar una crisis multidimensional que tarde o temprano iba a estallar.

En su lugar, el gobierno sólo ha cimentado su plan abiertamente neoliberal siguiendo sus acuerdos con organismos financieros internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, e intentando avanzar en tratados de libre comercio con países del norte global.

De igual forma, la “austeridad fiscal” ha sido radical, llegando a registrar la menor inversión pública de las últimas décadas. Además, el actual gobierno ha apostado decididamente por profundizar y acelerar la economía extractivista, promoviendo dos decretos ejecutivos que buscan acelerar las industrias petroleras y mineras respectivamente, poniendo en grave riesgo zonas de alto valor natural y cultural, particularmente dentro de territorios indígenas y áreas protegidas.

En todo caso, el día 13 de junio el paro nacional convocado por la CONAIE, la FENOCIN y la FEINE tuvo un seguimiento relativamente bajo, aunque se registraron algunos cortes en las principales carreteras del país. Pero no fue hasta la madrugada del día 14 cuando realmente se activaron las protestas y no fue necesariamente por una determinación venida desde los movimientos sociales, sino más bien como reacción a la detención irregular del presidente de la CONAIE Leónidas Iza, que fue apresado sin un debido proceso e incomunicado durante casi 24 horas.

Esto generó indignación en una porción muy importante de la sociedad ecuatoriana y otros movimientos sociales, especialmente urbanos, que se vieron en la necesidad de exigir la libertad de un líder social y de oponerse a un gobierno prepotente que, en lugar de buscar diálogo desde el primer momento y evitar la confrontación, activó herramientas coercitivas excesivas e incluso probablemente ilegales para intentar criminalizar la protesta y deslegitimarla.

El remedio fue peor que la enfermedad. Los puntos de bloqueo se multiplicaron por todo el país hasta tener a 18 de las 24 provincias totalmente paralizadas y las capitales de las provincias tomadas en sus gobernaciones por los movimientos sociales. Fue entonces cuando el paro nacional tuvo un efecto importante e irreversible.

Pasados los días, la paralización fue mucho más efectiva y los enfrentamientos entre manifestantes y la Policía Nacional fueron escalando. Ante esta situación, el Gobierno Nacional declaró el “estado de excepción” el día 17 y con ello activó al Ejército , desplegado especialmente en las carreteras principales y en las inmediaciones del Centro Histórico de Quito.

Si bien los dirigentes indígenas llamaron a convocarse de manera pacífica para no deslegitimar la lucha, hubo grupos violentos en el interior de las movilizaciones que justificaron la actitud represora de las fuerzas del Estado.

Tanto es así que una nueva decisión de inteligencia policial fue activada el día 18, luego de haber recibido una llamada “anónima” que advertía que material bélico estaba siendo almacenado en las bodegas del histórico y simbólico edificio de la Casa de las Culturas Ecuatoriana (CCE), por lo que cuerpos especiales de la Policía Nacional se “tomaron” la Casa de las Culturas en su sede principal, y el Parque El Arbolito que queda en las inmediaciones fue militarizado con caballería y un alto número de Unidades de Mantenimiento del Orden (UMO).

Una vez revisado los interiores de la Casa de las Culturas y no habiendo encontrado ningún material bélico, el Ministerio del Interior decidió que por “seguridad” de la ciudadanía el Estado ecuatoriano “requisaría” (como si se tratase de una dictadura militar) la Casa de las Culturas y el parque para instalar las fuerzas del orden en ese lugar luego de que fuentes de “inteligencia” advertían que la intención del movimiento indígena era retornar a ese espacio para replicar el estallido social de octubre de 2019.

Dicho estallido tuvo lugar justamente allí puesto que, históricamente, el Parque El Arbolito ha sido el lugar de resistencia de los movimientos sociales, particularmente del movimiento indígena, que lo considera un espacio sagrado. También lo ha sido la Casa de las Culturas, donde se albergaron las asambleas populares y donde se refugió gran parte de la movilización en 2019, y fue también lugar de importantes represiones y violaciones a los derechos humanos, que fueron denunciados públicamente.

En el caso del levantamiento actual, este acto prepotente del Gobierno Nacional de militarizar un lugar simbólico para el movimiento indígena y para los colectivos culturales de la ciudad, solo generó aún más indignación en la ciudadanía, incluida de la ciudad de Quito, lo que hizo que las movilizaciones siguieran escalando los días subsiguientes.

Tras una semana de paro en los territorios y en los principales puntos urbanos, y a pesar de todos los obstáculos puestos en el camino, la movilización indígena logró llegar a la capital. Esto en el marco de un gravísimo nivel de violencia, especialmente desde las fuerzas represoras del Estado, que tuvo como consecuencia ya varios muertos y heridos en el camino a Quito y en algunos de los territorios movilizados.

Durante esta primera semana se activó la solidaridad de gran parte de la ciudadanía y los manifestantes fueron acogidos por centros universitarios y otros espacios de albergue, aunque no se abrieron todos los que en 2019 actuaron como centros humanitarios, y la logística fue compleja para el movimiento indígena en un inicio.

Los días pasaron y las marchas se repitieron día a día en la ciudad de Quito hasta el punto en que, tras el pedido del movimiento indígena de desmilitarizar la (CCE) y el parque El Arbolito, el día 24 el gobierno accedió y esto significó una primera victoria para el paro. Sin embargo, grupos que han sido denunciados desde el movimiento indígena, mantuvieron la violencia y durante ese día se recrudeció la represión del Estado cuando el presidente Lasso autorizó aumentar el “uso progresivo de la fuerza”.

Los datos de fallecidos y heridos aumentaron. Luego de ello, una breve tregua militar permitió levantar más voces sobre la necesidad de sentar a los representantes de los distintos poderes del Estado con los dirigentes del movimiento indígena.

De parte del gobierno se habló de que siempre estuvieron abiertos al diálogo y desde el movimiento indígena se denunciaba que ellos vienen aupando el diálogo desde junio de 2021, pero sin respuestas concretas y efectivas, y que entonces más que dialogar ellos desde el inicio habían dejado en claro cuáles son sus 10 puntos requeridos y que sobre esos puntos ellos dialogarán.

Tras 14 días de paro, finalmente se conformó una mesa de negociación y diálogo promovido por los distintos poderes del Estado, defensores de derechos humanos de la sociedad civil como observadores, representantes de la iglesia ecuatoriana como facilitadores y dirigentes del Gobierno Nacional y del movimiento indígena como actores principales.

El diálogo avanzó hasta la noche del día 27 pero, tras un enfrentamiento en la Amazonía entre un convoy militar y manifestantes durante la madrugada del día 28, se produjo un muerto por parte del Ejército ecuatoriano. Ante este hecho, el Gobierno de Ecuador cerró el diálogo, y lo que es más grave, se negó a reconocer al presidente de la CONAIE, Leónidas Iza, como interlocutor para cualquier negociación futura, lo cual está inflamando a la dirigencia indígena y cualquier avance que se tuvo hasta el momento, ha quedado ahora en punto muerto.

Por su parte, la dirigencia indígena, a pesar de contabilizar 5 muertos y más de 300 heridos durante las protestas, además de varias denuncias por violaciones a los derechos humanos, mantiene su voluntad de diálogo.

Finalmente, tras la votación que tuvo lugar la noche del 28 de junio en la Asamblea Nacional, el último intento de la bancada del correísmo de destituir al Presidente de la República no tuvo éxito.

Hoy, el panorama es muy preocupante en el Ecuador. Está claro que el movimiento indígena no tiene en su agenda el derrocamiento del presidente Lasso, ni tampoco el vandalismo y la violencia. Ellos presentaron 10 consignas muy específicas, que tienen que ver con mejorar las condiciones de vida de los sectores más desfavorecidos de la sociedad ecuatoriana, así como también frenar el avance de las industrias extractivas que están amenazando la vida en sus territorios.

Lo que va dejando al país este paro nacional es una fragmentación muy importante que se manifiesta en narrativas de odio y racismo hacia los pueblos indígenas, agravadas por un clasismo y una prepotencia hacia los pueblos campesinos y rurales, a quienes se les menosprecia y acusa de violentos, cuando la violencia ha sido antes estructural en un sistema injusto e inequitativo.

La sociedad ecuatoriana tardará en sanar estas heridas que hoy siguen abiertas y sangrantes. Solo podrá hacerlo cuando aparezca una clase política que sepa construir sobre las diferencias y que no se atrinchere en sus visiones egoístas y miopes.

El paro, por ahora, no para, lo que sí paró fue el diálogo y eso nos deja con pocas luces al final del túnel en estas horas oscuras de la historia nacional.