Desde el pasado 13 de junio el Ecuador está paralizado. Un levantamiento social liderado por las principales organizaciones indígenas y campesinas del país, que pusieron sobre la mesa 10 puntos específicos que ya se venían demandando desde junio de 2021 pero que no obtuvieron respuestas efectivas, ni tan siquiera intentos del gobierno por atender esas demandas.
Entre las demandas se encuentra la necesidad de bajar los costos de los combustibles para disminuir costos, especialmente de los alimentos; moratoria de deudas con el sistema financiero a familias empobrecidas; precios justos a alimentos básicos; frenar la precarización laboral; moratoria al avance de la frontera extractiva, particularmente de las industrias petroleras y mineras en territorios indígenas y áreas protegidas; respeto a los 21 derechos colectivos; detener la privatización de sectores estratégicos y de bienes públicos; políticas de control de precios, especialmente de productos de primera necesidad; mejorar el sistema de salud que está en crisis y garantizar el acceso a educación a los jóvenes; y políticas efectivas de seguridad para frenar la ola de violencia que azota al país.
El contexto socio económico en que se avivan las protestas es preocupante. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 3 de cada 10 hogares en Ecuador no logra cubrir una canasta básica y tan solo el 32.5% de la población tiene un empleo adecuado. Además los niveles de pobreza y pobreza extrema son insostenibles: el 32% de la población vive con menos de $USD 2.80 y el 15% vive con menos de $USD 1.80, y el 27% de niños y niñas menores de 2 años sufre desnutrición crónica.
