Este es un problema que precede los vergonzosos comentarios de los políticos conservadores contra la participación del actor transgénero Thammy Miranda en un comercial del Día del Padre este mes. Y si no hacemos nada, casos extremos como el exilio del congresista Jean Wyllys en 2018, tras amenazas relacionadas con su sexualidad, pueden convertirse en algo común.

Estos dos acontecimientos, entre la larga lista de casos lamentables de los últimos años, pone de relieve cómo la difusión de los discursos de odio entre los políticos brasileños ya ha superado la barrera de las amenazas emocionales y psicológicas. Difundida por los políticos, la incitación al odio se utiliza cada vez más para legitimar la violencia física e institucional contra las minorías.

Ya no se trata de discursos y tuits incendiarios, sino de violencia dirigida.

El discurso de odio es una de las herramientas para la concretización de la homofobia, que aumenta brechas sociales preexistentes y amenaza la cohesión social, lo que conduce a crímenes de odio. Esas expresiones violentas dirigidas a las minorías afectan el bienestar psicológico de las personas, crean un pánico limitador de la libertad de movimiento y de expresión y allanan el camino a la violencia física.

Por encima de todo, el discurso de odio no debe confundirse con la libertad de expresión. El primero es un acto de comunicación que desvaloriza a la víctima sin expresar una opinión, sino más bien incitando al odio. Es un discurso dirigido a individuos y grupos pertenecientes a una comunidad marginada. En resumen, no se trata de una cuestión de lenguaje, sino de comunicación: va más allá del valor simbólico de las palabras, promoviendo el intercambio y la comprensión de una idea o ideología.

El derecho a la libertad de expresión es a menudo utilizado por los políticos como una justificación para el discurso de odio. Pero el discurso que promueve la violencia no debe ser enmascarado por eufemismos. La libertad de expresión es, en efecto, un derecho fundamental, pero la incitación al odio es un abuso de esos derechos. La libertad de expresión garantiza que las personas compartan opiniones críticas, mientras que la incitación al odio es perjudicial y limita la expresión básica de los individuos. La libertad de expresión promueve el diálogo y la diversidad; el discurso de odio hiere cuerpos y mentes.

Las creencias ideológicas basadas en el odio, como la de ciertos parlamentarios brasileños e incluso la del presidente Jair Bolsonaro, normalizan y legitiman esas prácticas. Si bien las redes sociales aumentan la repercusión de la incitación al odio en la sociedad civil, la difusión de esta práctica entre los políticos es un factor agravante.

De hecho, la sociedad civil es una poderosa fuente de estos discursos: innumerables canales de YouTube y perfiles de Twitter difunden en su contenido el odio y la violencia contra las minorías. Pero en el contexto de las instituciones políticas, se necesita aún más atención. Cuando se está en posiciones de legitimidad – como los parlamentarios – se hace más fácil propagar discursos que legitimen el odio.

Como una señal de los tiempos, los políticos han encontrado en internet y en las redes sociales una plataforma para la difusión masiva del odio.

Los ejemplos datan del reciente caso de Thammy Miranda, en el que entre otros infames "hate-speakers", el diputado e hijo del presidente, Eduardo Bolsonaro, es una figura prominente. Refiriéndose a la campaña, Eduardo dijo en Twitter: "Una mujer como modelo para el Día del Padre. A continuación tendremos un hombre para el Día de la Madre". Terminó su tweet argumentando que el comercial representaba un "comportamiento totalmente contrario a los valores brasileños".

Esta posición predica el odio y la confusión en cuanto a la identidad de los transexuales. Y no era la primera vez que Eduardo Bolsonaro usa su visibilidad como político para predicar el odio y los prejuicios contra la población LGBT. Eduardo fue elegido bajo una agenda conservadora y, como su padre, difunde rutinariamente discursos homofóbicos y de odio contra los LGBT. En un programa de televisión en 2019, comparó las uniones homoafectivas con las relaciones con perros, afirmando que este tipo de amor no es capaz de formar una familia.

Un aliado del 'Clan Bolsonaro' es el pastor evangélico y parlamentario Marcos Feliciano, quien fue condenado por el Ministerio Público en 2013 por homofobia, tras declarar que "la podredumbre de los sentimientos homoafectivos conduce al odio, al crimen y al rechazo". En 2019, después de que el Tribunal Supremo votara a favor de la penalización de la homofobia, Feliciano declaró que este tipo de acción "amenaza la libertad de expresión de las iglesias".

Eduardo Bolsonaro y Marcos Feliciano no son casos aislados en el Congreso brasileño, sino ejemplos destacados entre los miembros de la "renovación conservadora", políticos que han llegado al poder con discursos basados en la extrema defensa de una agenda liberal y de los valores conservadores. En este caso, su visibilidad se utiliza en defensa de valores como la protección del "ciudadano de bien" y para la propagación de las visiones hegemónicas de la masculinidad y heteronormatividad.

El discurso de los líderes políticos contra la población LGBT pretende crear pánico popular contra los homosexuales, incitando a sus votantes a reproducir este tipo de violencia. Eduardo Bolsonaro y Marcos Feliciano refuerzan el odio popular creando miedo entre sus seguidores. Un punto en común en sus discursos es la representación de la población LGBT como una amenaza para la buena sociedad y los valores cristianos.

Los políticos son representantes de toda la ciudadanía de una nación – que incluye minorías sexuales – y no pueden legitimar el odio. De hecho, en algunas de las situaciones descritas anteriormente, se han adoptado medidas judiciales. Feliciano fue condenado legalmente por declaraciones homofóbicas en 2013, e incluso Jair Bolsonaro, el autor de memorables declaraciones homofóbicas, fue condenado en 2015 cuando todavía era parlamentario. Pero mucho de lo que dicen en las redes sociales queda impune, mientras que los crímenes de odio se propagan en las calles inflamados por el discurso de odio.

La justicia puede contener los efectos de la incitación al odio, pero no basta con contener la propagación del odio. Aunque el número de políticos conservadores creció después de las elecciones de 2018, el número de congresistas LGBT en Brasil también aumentó, lo que revela la demanda de representación política de la población LGBT.

Sin embargo, los congresistas LGBT no pueden luchar solos: los aliados políticos son indispensables para contener el odio. Los parlamentarios que no son LGBT también deben legislar para combatir la incitación al odio y deben apelar a otros poderes y a la sociedad civil para poner en práctica esas leyes. Una agenda para los derechos LGBT es una agenda en defensa de los derechos básicos de todos.