El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (C), reacciona durante un evento para entregar la solicitud formal de una Asamblea Nacional Constituyente para modificar la Constitución del país en Caracas, Venezuela, el 3 de mayo de 2017. Boris Vergara / Agencia de Noticias Xinhua / PA Images

Hay indicios que la droga que se produce en Colombia sigue atravesando la frontera con Venezuela con facilidad, sobre todo porque tras la desmovilización de las FARC, han quedado libres varias rutas que quedan ahora a disposición de nuevos grupos criminales. Fuentes venezolanas informaban en agosto del año pasado que otro grupo guerrillero colombiano, el Ejército Popular de Liberación (EPL), se había establecido en Venezuela por primera vez. También el grupo criminal Los Rastrojos, prácticamente desaparecido en Colombia, parece que empieza a resurgir en Venezuela.

“Los Rastrojos han empezado a reclutar a ciudadanos venezolanos y han aumentado su presencia en ese país”, informaba Insight Crime en julio. “La actual inestabilidad del país y la corrupción galopante en el seno de las fuerzas de seguridad venezolanas abonan el terreno para el crimen organizado colombiano y Los Rastrojos han sacado provecho de estas dinámicas”.

Como puede observarse en la República Dominicana, el papel de los venezolanos en el tráfico de drogas por el Caribe es cada vez más importante y están ya sustituyendo a los colombianos como mulas o como tripulación de lanchas rápidas. “Cuatro de cada cinco lanchas rápidas que llegan a las costas de la República Dominicana transportando cocaína llevan ahora venezolanos a bordo”,  informaba Insight Crime en junio.

Verny Troncoso, el fiscal encargado de casos de narcotráfico en Santo Domingo, comentaba que las autoridades dominicanas “cada semana, desde finales de octubre 2016, detienen a tres o cuatro venezolanos que llegan a los aeropuertos del país con estupefacientes ingeridos u ocultos en sus maletas”.

La importancia de Venezuela como punto de partida de narcovuelos lo puso también en evidencia el Ministro de Seguridad de Costa Rica cuando, en mayo de 2017, mostró un mapa con las rutas del tráfico de cocaína por Centroamérica. En dicho mapa puede verse claramente que Venezuela es el principal punto de partida del tráfico aéreo de droga (representado por las líneas amarillas), especialmente hacia Honduras y México.

(Mapa de las rutas del narcotráfico en Centroamérica, 2017. Fuente: La Nación)

“Por desgracia, Venezuela es ya un estado fallido y un narcorégimen”, decía Mike Vigil, ex agente de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) en agosto, dos días después de las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente que afianzaron el gobierno de Maduro en el poder.

La ‘mano dura’ de Maduro

Con la Constituyente, Maduro logró salir airoso de la conflictividad política imperante en 2017. Sin embargo, con anterioridad, en los momentos en que el régimen parecía debilitarse, el gobierno de Maduro no dudó en reprimir manifestaciones usando “mano dura” y la OLP (Operación de Liberación y Protección del Pueblo), una estrategia de seguridad que se saldó con más de 500 personas muertas a manos de agentes de la fuerza pública, además de denuncias de tortura y otras violaciones de derechos humanos.

Fue en enero, cuando Maduro anunció un nuevo paquete de medidas de seguridad, en el que proponía armar a civiles para combatir el crimen. A pesar de que no hay pruebas de que el gobierno les entregara armas de manera oficial, el hecho es que el régimen contó desde entonces con “colectivos” de civiles armados (que ahora se dedican también a actividades delictivas), a los que se les tolera el uso de fuerza y que participan en operaciones de seguridad ciudadana.

De abril a julio, dichos colectivos acabaron siendo actores principales durante la oleada de protestas contra del régimen. Intervinieron de manera violenta contra de los manifestantes e incluso se les responsabilizó del presunto homicidio de varios opositores. Como informaba Insight Crime en abril, “A pesar de la evidencia de la implicación de los colectivos en actividades criminales, se están convirtiendo en una herramienta esencial del gobierno para mantenerse en el poder”.

La “mano dura” contribuyó a estabilizar el régimen de Maduro en el ámbito político al acabar el año. Pero no ha tenido impacto alguno en la reducción de la criminalidad. Según estimaciones de expertos, en 2017 se superó de nuevo la cota de 20.000 homicidios. La cifra es similar a la de 2016, cuando hubo 21.752 homicidios, según informe del Fiscal General, lo que representa una tasa de 70 por cada 100.000 habitantes - una de las más altas de la región.

“Dada la anarquía y el caos que impera en las calles, los grupos criminales van a aprovechar la coyuntura. Sin duda, el tráfico de drogas aumentará. Más organizaciones colombianas se trasladarán a Venezuela […] y mucha gente se dedicará al narcotráfico porque no tienen otra opción - no hay trabajo, no hay dinero, no hay víveres”, advertía  Mike Vigil, el ex agente de la DEA.

Las sanciones no afectan a las economías ilícitas

Las sanciones internacionales contra miembros del gobierno, incluido el propio presidente Nicolás Maduro, no han logrado debilitar el poder del régimen ni tampoco afectar los vínculos que mantienen algunos de sus líderes con el crimen transnacional.

En febrero y julio de 2017, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos decretó sanciones económicas e incluyó a más de una docena de altos cargos del gobierno de Venezuela en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

De estos, el más conspícuo fue sin duda Tareck El Aissami, Vicepresidente de la República y exgobernador del estado Aragua, al que el Departamento del Tesoro calificó lisa y llanamente de narcotraficante. Se trata del cargo  gubernamental de más alto rango señalado por este delito. Se le acusa también de estar implicado en un “puente terrorista-criminal” con militantes islamistas y de transferir fondos ilícitos a Oriente  Medio.

Sus bienes, así como los de su testaferro, el empresario Samark López Bello, fueron embargados por el gobierno de Estados Unidos por “proporcionar ayuda material, asistencia financiera, o bienes y servicios, en apoyo a actividades de narcotráfico internacional, y por trabajar para El Aissami, o en nombre de éste”, según reza la nota de prensa publicada por el Departamento del Tesoro tras la sanción.

Sin embargo, ambos han continuado con sus actividades. De hecho, las sanciones no han afectado para nada sus conexiones con el crimen organizado. Y López sigue en el negocio de las importaciones de alimentos para los planes de alimentación del gobierno.

El Aissami, desde la vicepresidencia, ha ampliado su poder. Durante las elecciones a gobernadores, el pasado mes de octubre, logró colocar a varios de sus aliados en estados clave para el tráfico de drogas y las actividades del crimen organizado, como Sucre y Aragua.

Tras las elecciones, InSight Crime escribió que “el verdadero ganador de la controvertida votación parece ser el crimen organizado, ya que el gobierno ha respaldado y ha recibido el respaldo de elementos criminales con los que mantiene estrechos lazos”.

El estado Aragua es, además, la base de la megabanda el Tren de Aragua, dirigida desde la prisión de Tocorón. Las megabandas son organizaciones criminales que operan en Venezuela y están integradas por más de 50 hombres que usan armas de guerra.

Otro paquete de sanciones de Estados Unidos llegó en julio, después de las protestas políticas en Venezuela. Esta vez, las sanciones incluyeron al presidente Nicolás Maduro, que el Departamento del Tesoro calificó de “dictador”. Pero los problemas para Maduro no terminaron aquí: en diciembre, dos de sus sobrinos fueron declarados culpables por un juzgado federal en Nueva York por conspiración para introducir 800 kilos de cocaína en Estados Unidos y sentenciados a 18 años de prisión.

Entre los nombrados por el Departamento del Tesoro está también Néstor Reverol, exzar de la droga en Venezuela y excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), al que Maduro  nombró Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz al día siguiente de que fuera acusado por Estados Unidos de participar presuntamente en una red de tráfico transnacional de cocaína. Reverol es, además, colaborador íntimo de El Aissami.

También está incluida en la lista la exministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, acusada de favorecer al crimen organizado al haber dejado el control de las cárceles del país en manos de los reclusos. En mayo, Varela admitió que solicitó a determinados reclusos que se hicieran cargo ellos mismos de un motín en el que murieron por lo menos 9 presos.

Son múltiples los casos que ilustran el control que ejercen los reclusos dentro de las prisiones venezolanas. En un informe publicado en septiembre de 2017 por Insight Crime, se describe el poder los pranes y sus vínculos con el crimen organizado: “Irónicamente, el gobierno de los pranes parece más eficiente que el de Maduro: administran justicia con rapidez, y mientras que la comida escasea en los supermercados, los pranes son capaces de obtener todos los alimentos que necesitan”.

Más control militar 

La militarización ha sido una constante en los gobiernos revolucionarios ya en tiempos del expresidente Hugo Chávez y también de su sucesor, Nicolás Maduro. En 2017, sin embargo, Maduro estableció un récord al designar a 12 oficiales de la fuerzas armadas como ministros – el mayor número de militares en el gobierno de Venezuela de los últimos 17 años.

En junio, Maduro nombró ministros a los generales Carlos Osorio Zambrano, Juan de Jesús García Toussaintt y Luis Motta Domínguez, acusados de tráfico de alimentos, tráfico de oro y diamantes y narcotráfico, respectivamente. “La militarización del gpbierno venezolano es inquietante, considerando la pérdida de legitimidad de las fuerzas de seguridad del país por la actividad criminal que se extiende entre sus filas”, escribía Insight Crime tras la reorganización del gabinete.

En un informe de marzo de 2017, Mildred Camero, ex juez y zar de la droga en Venezuela, describía la evolución de la partición de los militares venezolanos en el narcotráfico y destacaba la presencia de oficiales de alto rango en esta actividad criminal.

La tendencia a la militarización no es un buen augurio para los altos índices de violencia en el país, en los que se incluyen denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad – denuncias que indican, como apuntaba Insight Crime en junio, “que la política del gobierno de incluir a elementos militares en la lucha contra el crimen ha dado pie a repetidos casos de ejecuciones extrajudiciales”.

Al finalizar 2017, Maduro y su entorno se habían reforzado. El vicepresidente El Aissami, convertido en uno de los hombres hoy más cercanos al mandatario venezolano, anunciaba la candidatura de su jefe a las elecciones presidenciales de 2018. De cara a esta contienda electoral, Maduro ha hecho nuevos reajustes en su gabinete y ha colocado a más militares en cargos tan importantes como la presidencia de Petróleos de Venezuela. El mandatario intenta blindarse, con el apoyo de los militares, para proteger la fragilidad institucional que ha caracterizado su gobierno.

El problema es que Maduro y El Aissami han colocado en puestos clave a uniformados de su confianza, principalmente de la GNB, que es una fuerza que dio origen a El Cártel de Soles, un grupo formado por integrantes de la fuerzas de seguridad de Venezuela dedicado al tráfico de cocaína y al que se relaciona con otras actividades criminales como el contrabando de combustible, minerales y alimentos.

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Este artículo fue elaborado por la Unidad Investigativa Sobre Venezuela de Insight Crime. Puede leer el original aquí