Se acercan las elecciones en Brasil y vemos cómo aumentan las amenazas a la democracia brasileña. El epicentro de estas amenazas es el presidente Jair Bolsonaro, que ha coqueteado repetidamente con una posible ruptura institucional, mencionando incluso el uso de las armas por parte de sus partidarios en función del resultado de las urnas.

El 7 de septiembre, Día de la Independencia de Brasil, Bolsonaro aprovechó la celebración del bicentenario de la Independencia en Brasilia y Río de Janeiro para realizar un mitin ante miles de personas y atacar al expresidente Lula, que también se presenta a las elecciones de 2022. Bolsonaro hizo un coro sexista y reunió a su militancia en actos con pancartas antidemocráticas. Además, sin citar ningún caso concreto, afirmó que, si es reelegido, llevará "dentro" de las cuatro líneas de la Constitución "a todos los que se atrevan a quedarse fuera de ellas".

Unos días después, la revista británica The Economist sacó un número con Bolsonaro en la portada. La publicación compara al presidente brasileño con Trump y dice que está preparando su "gran mentira" sobre las elecciones. La revista también afirma que, gane o pierda, Bolsonaro representa una "amenaza para la democracia en Brasil". También, que el sistema electoral brasileño es seguro, y el presidente levanta sospechas sin pruebas. Este es un riesgo que desde la sociedad civil venimos advirtiendo desde hace tiempo.

A lo largo de los meses, Bolsonaro ha dicho repetidamente que puede irrespetar las decisiones del Tribunal Supremo de Brasil. Acosa diariamente a los periodistas y anima a sus seguidores a salir a la calle para gritar en defensa del cierre del Tribunal Supremo y del Congreso. En julio, reunió a embajadores en Brasilia, repitiendo falsedades sin fundamento sobre el sistema de voto electrónico, utilizado en Brasil desde 1996 y señalado por la comunidad internacional como referencia.

La sociedad brasileña ha reaccionado ante estas amenazas, como lo demuestran las cartas públicas en defensa de la democracia: una carta firmada por cientos de organizaciones de la sociedad civil, incluyendo representantes de la industria, sindicatos y académicos; y otra carta que ya cuenta con el apoyo de casi un millón de brasileños. Los actos públicos del 11 de agosto (una fecha simbólica para Brasil, el día de la creación del primer curso de derecho de graduación en el país) marcaron la lectura de estas cartas y la defensa de la democracia y las elecciones.

Armas de fuego en manos de civiles

Las amenazas a la democracia y al proceso están fuertemente relacionadas con un contexto de fomento de la militancia armada y también con la militarización del gobierno civil y de la seguridad pública. El avance de las armas de fuego en manos de civiles refuerza los temores de que Brasil repita lo sucedido con Donald Trump y sus partidarios al no aceptar el resultado de las urnas en 2020.

Todo esto ocurre mientras también vemos el aumento significativo de las armas de fuego en manos de civiles. Desde diciembre de 2018, cuando Bolsonaro fue elegido, el número de armas registradas por Cazadores, Coleccionistas y Tiradores (CACs) casi se triplicó y alcanzó el millón de armas. La recaudación de esta categoría tuvo un aumento de alrededor del 187% en todo el país. El número de armas pasó de 350.600 y llegó a 1.300.000 en septiembre de este año. Este arsenal de armas está, según los registros militares, en manos de 673,8 mil CAC. Los datos del Ejército fueron obtenidos a través de la Ley de Acceso a la Información por el Instituto Sou da Paz.

Además del aumento de las armas de fuego en manos de civiles, el presidente Bolsonaro legitima el uso político de las mismas. En la famosa reunión ministerial de abril de 2021, el presidente Jair Bolsonaro pidió a sus ministros: "Quiero abrir la cuestión de la posesión de armas" "si un alcalde de mierda hace un decreto que obliga a los ciudadanos a quedarse en casa, deben poder defenderse". Este fue un hito discursivo al legitimar el uso de las armas de fuego para oponerse a las decisiones políticas de los alcaldes y gobernadores en relación con las cuestiones relacionadas con la pandemia, y una especie de autorización a los ciudadanos para hacer uso político de sus armas.

Cada vez hay más pruebas de que muchas de estas armas pasan a manos de delincuentes. Históricamente, la mayoría de las armas incautadas por la policía a los delincuentes en Brasil eran armas legales. Pero la nueva facilidad de acceso y el consiguiente aumento del volumen de armas que ahora circulan han supuesto un gran impulso para el hampa.

Esta nueva fuente de armas para los delincuentes se ha visto facilitada por el hecho de que el ejército, encargado de supervisar la propiedad privada de armas en Brasil, no ha invertido en nuevas capacidades para acompañar la creciente demanda de armas. Después de que se revelara que el delincuente de São Paulo buscado por cargos de asesinato y tráfico de drogas había comprado un rifle automático, el ejército emitió una escueta nota en la que decía que tenía derecho legal a hacerlo en base a la documentación que había proporcionado, pero que el permiso sería revocado.

Como le dije a un periodista, comentando el asunto, al ser un proyecto político del gobierno de Bolsonaro para facilitar el armamento de la población, los militares no han invertido en la capacidad necesaria para cumplir su tarea de fiscalización. Su competencia técnica ha disminuido debido a la interferencia política de Bolsonaro.

Además, el activismo pro-armas difunde una cultura de las armas que coquetea con arrebatos autoritarios y antidemocráticos. Son grupos que defienden en gran medida el derecho a la autodefensa del individuo, pero coquetean con posiciones antidemocráticas. Por poner un ejemplo: en la reunión promovida por los grupos pro-armas el 21 de junio, era habitual escuchar discursos incendiarios contra el Supremo Tribunal Federal o deslegitimando las elecciones brasileñas en el caso del voto electrónico.

Por lo tanto, es importante decir que el Presidente tiene una base de apoyo fuerte y armada. ¿Serían capaces de tomar las armas para defender los intereses del presidente? ¿Es posible que haya un Capitolio en Brasil para deslegitimar los resultados de las elecciones?

Violencia política e intimidación

La segunda preocupación es la violencia e intimidación contra los políticos y los delitos con motivación política.

Hace unos días, un hombre que defendía al ex presidente y precandidato del Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva, fue asesinado por un partidario del presidente Jair Bolsonaro, tras una discusión en la ciudad de Cuiabá. El partidario de Bolsonaro confesó el crimen por razones políticas.

El pasado mes de junio, un carcelero invadió una fiesta y mató al guardia municipal Marcelo Arruda, en la ciudad de Foz do Iguaçu. Arruda estaba celebrando su 50 cumpleaños en una fiesta con temática del PT, con banderas y colores del partido y una foto de Lula da Silva. Según el informe policial, cuando el pistolero invadió la fiesta, gritó el nombre de Jair Bolsonaro. En las redes sociales, el carcelero muestra su apoyo al presidente Jair Bolsonaro y a las directrices defendidas por su gobierno.

Pocos días después, poco antes de un acto en Uberlândia al que asistió Lula, un dron sobrevoló el lugar rociando veneno sobre los simpatizantes que asistían al evento.

En Brasilia, un empresario y candidato a un escaño en la Cámara Legislativa del Distrito Federal (CLDF) por el Partido Laborista Brasileño (PTB), no sabía que su amigo, que disparó al empleado de una barbacoa en Vila Planalto, en el Distrito Federal, estaba armado. La pelea comenzó por el ruido excesivo del coche de sonido del candidato, aparcado frente al local.

Escenario de tensión y riesgo

Brasil comenzó este período electoral de una manera nunca vista en nuestra historia reciente: polarización, violencia política, grupos armados, deslegitimación del proceso electoral, politización de las fuerzas de seguridad. Pero, al mismo tiempo, la sociedad civil está movilizada, y las instituciones, de alguna manera, se han hecho cargo del proceso.

Hay muchos ejemplos: manifestaciones de la sociedad civil a favor de la democracia, prohibición de la portación de armas de fuego cerca de las sesiones electorales, y fiscales que siguen el trabajo de las instituciones policiales. También podemos mencionar ejemplos como el del ministro del Tribunal Supremo, Alexandre Moraes -ahora también presidente del Tribunal Superior Electoral, institución responsable de la conducción del proceso electoral- que se reunió con los comandantes de la policía militar en los estados para garantizar la seguridad de las elecciones.

Aun así, el escenario es tenso y arriesgado. El mundo debe estar atento a Brasil.