Los primeros días de 2023 significaron, para los brasileños, una mezcla de sentimientos, emociones y desafíos reales y simbólicos. Los ataques golpistas a las sedes del Gobierno, del Congreso Nacional y de la Corte Suprema de Justicia, el 8 de enero, consumaron una tragedia anunciada. Hubo muchas alertas y análisis, incluido el mío aquí en democraciaAbierta, sobre la posibilidad concreta de que Brasil tuviera su propia versión de las escenas vistas poco después de las elecciones estadounidenses, cuando los partidarios de Donald Trump invadieron el Capitolio para deslegitimar los resultados.
Como en los EE.UU. de 2020, Brasil en 2023 también vio a miles de personas defendiendo los intereses del presidente derrotado, tratando de deslegitimar las elecciones, el presidente electo y las principales instituciones democráticas del país, incluida la triste depredación de bienes públicos. Los actos violentos, los intentos de ruptura institucional y los ataques “desde dentro” de este tipo son algunas de las tendencias del peligroso extremismo global. Impactan o son impactados por la radicalización del populismo, la polarización violenta y la posverdad para conquistar o mantener el poder político a través de la violencia en las calles y el deterioro de las instituciones democráticas.
Sin embargo, hubo un factor agravante significativo en Brasil en relación con la experiencia estadounidense: todas las evidencias hasta ahora apuntan a la participación de las fuerzas de seguridad, incluidas las Fuerzas Armadas brasileñas. Desde el anuncio de los resultados electorales, en 30 de octubre del año pasado, los manifestantes habían instalado campamentos frente al cuartel general del Ejército, pidiendo la intervención militar, y hubo pocos esfuerzos concretos para desmovilizarlos. Y, en los atentados del 8 de enero, había sospechas de fallas en los servicios de inteligencia y de posible colaboración de la policía militar del Distrito Federal.
