Los primeros días de 2023 significaron, para los brasileños, una mezcla de sentimientos, emociones y desafíos reales y simbólicos. Los ataques golpistas a las sedes del Gobierno, del Congreso Nacional y de la Corte Suprema de Justicia, el 8 de enero, consumaron una tragedia anunciada. Hubo muchas alertas y análisis, incluido el mío aquí en democraciaAbierta, sobre la posibilidad concreta de que Brasil tuviera su propia versión de las escenas vistas poco después de las elecciones estadounidenses, cuando los partidarios de Donald Trump invadieron el Capitolio para deslegitimar los resultados.

Como en los EE.UU. de 2020, Brasil en 2023 también vio a miles de personas defendiendo los intereses del presidente derrotado, tratando de deslegitimar las elecciones, el presidente electo y las principales instituciones democráticas del país, incluida la triste depredación de bienes públicos. Los actos violentos, los intentos de ruptura institucional y los ataques “desde dentro” de este tipo son algunas de las tendencias del peligroso extremismo global. Impactan o son impactados por la radicalización del populismo, la polarización violenta y la posverdad para conquistar o mantener el poder político a través de la violencia en las calles y el deterioro de las instituciones democráticas.

Sin embargo, hubo un factor agravante significativo en Brasil en relación con la experiencia estadounidense: todas las evidencias hasta ahora apuntan a la participación de las fuerzas de seguridad, incluidas las Fuerzas Armadas brasileñas. Desde el anuncio de los resultados electorales, en 30 de octubre del año pasado, los manifestantes habían instalado campamentos frente al cuartel general del Ejército, pidiendo la intervención militar, y hubo pocos esfuerzos concretos para desmovilizarlos. Y, en los atentados del 8 de enero, había sospechas de fallas en los servicios de inteligencia y de posible colaboración de la policía militar del Distrito Federal.

En la primera entrevista exclusiva que concedió a una periodista brasileña, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva señaló la participación de militares en los actos golpistas. Para la reportera Natuza Nery, de TV Globo, Lula defendió el fin de la politización de las fuerzas de seguridad. En la entrevista, el presidente culpó al expresidente Jair Bolsonaro de alentar la invasión: “Tuve la impresión de que era el comienzo de un golpe de Estado. Incluso tuve la impresión de que la gente estaba siguiendo la orden y la orientación que dio Bolsonaro durante mucho tiempo. Por mucho tiempo hizo invadir la Corte Suprema, por mucho tiempo desacreditó al Congreso Nacional, por mucho tiempo le pidió al pueblo que portara armas, que eso era la democracia”.

Hace dos años, el entonces presidente Bolsonaro prometió: “Si no tenemos un voto impreso en 2022, vamos a tener un problema peor que EE.UU.”, el comienzo de su insistente cuestionamiento sobre la credibilidad de la electrónica. máquinas de votación utilizadas en el proceso electoral brasileño desde 1996, sin ninguna evidencia de fraude o falla que pusiera en peligro cualquier resultado desde entonces.

Los momentos posteriores a los atentados del 8 de enero fueron de gran tensión en las relaciones entre el Gobierno Federal y las Fuerzas Armadas, así como entre el Gobierno Federal y las fuerzas de seguridad del Distrito Federal: el gobernador y el secretario de Seguridad Pública fueron destituidos y el Gobierno decretó intervención federal en la seguridad pública del Distrito Federal. La acción de los invasores fue facilitada por la connivencia de la policía militar del Distrito Federal y de las propias Fuerzas Armadas.

El hecho es que el entonces comandante del Ejército, general Júlio César Arruda, demostró que confundía pacificación con confusión. No solo incumplió una orden del presidente de retirar del Palacio al personal militar alineado con Bolsonaro, sino que también pareció proteger a los grupos bolsonaristas acampados frente a su sede que pedían la intervención militar, además de intentar evitar que la policía arrestara a los criminales en el acto. Incluso utilizó vehículos blindados para demorar el cumplimiento de una orden judicial emitida por el magistrado del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.

El ataque a nuestra memoria

Los atentados golpistas robaron mucho más que la conservación de los bienes del cuartel general de los Tres Poderes. Robaron a los brasileños el derecho a recordar lo que vivimos como nunca antes durante la toma de posesión del presidente Lula, el 1 de enero. Fue un día poderoso, tanto en la simbología como en la perspectiva concreta de cambio señalado para el país. Un tiempo nuevo, un ciclo nuevo, representado por una fiesta hermosa y pacífica que los atentados del 8 de enero intentaron borrar.

Pero la reacción fue rápida. Mientras negociaba con las fuerzas militares, el mandatario se reunió al día siguiente con los gobernadores en el Palacio del Planalto y, posteriormente, invitó a los presentes a bajar con él por la rampa y caminar hasta la sede de la Corte Suprema para ver los daños causados ​​por el golpe. Fue otra escena hermosa e impactante, un gesto simbólico de coalición entre diferentes fuerzas políticas, incluidos parlamentarios, magistrados de la Corte Suprema y miembros del Poder Ejecutivo.

La agenda con las fuerzas de seguridad

La recomposición de la imagen fue exitosa. Pero los episodios dejan lecciones relevantes que el nuevo gobierno no puede olvidar. Destaco algunas de ellas aquí, especialmente la relación entre el campo progresista y las fuerzas de seguridad, una relación frágil e históricamente relegada por la izquierda brasileña.

Es hora de buscar el diálogo con las fuerzas policiales del país, accediendo al campo democrático y republicano existente en las diferentes instituciones policiales, capaz de actuar en defensa de la democracia. Es necesario desarrollar políticas de seguridad pública concretas que apuesten por la profesionalización, la valoración policial y la gestión del uso de la fuerza, involucrando siempre a la policía y partiendo de este diálogo.

En el Instituto Sou da Paz, hemos realizado estudios sobre la excesiva politización de las fuerzas policiales y hemos demostrado que la actuación policial basada en ideologías políticas puede conducir al abuso de poder e incluso representar conductas delictivas, además de afectar visceralmente su proceso de profesionalización y su propia actuación. Las redes sociales dieron visibilidad al trabajo policial y dificultaron que las corporaciones controlaran la exposición de sus profesionales y de las propias instituciones. Esto creó desafíos para las corporaciones y la democracia misma, como los límites de la libertad de expresión. Es un tema que Brasil necesita discutir más.

Por otra parte, si bien no hubo uso de armas de fuego en los hechos del 8 de enero, el riesgo sigue siendo apremiante. Brasil sigue teniendo una población civil más armada que nunca. Armas tanto o más poderosas que las que usa la policía quedan en manos de civiles. El gobierno no puede decir con seguridad cuántas armas hay en circulación, ni siquiera de qué tipos y calibres son estas armas, el Ejército no supervisa los CAC (las siglas en portugués para coleccionistas, tiradores deportivos y cazadores) ni los clubes de tiro, y las armas legales continúan abasteciendo el mercado ilegal. El segundo desafío de este gobierno es, entonces, llevar adelante lo iniciado con la publicación del decreto 11.366/23 y avanzar en la reconstrucción de una política de control de armas de fuego eficiente y responsable.

El tercer frente necesario se refiere al Ejército Brasileño. Todavía hay una enorme dificultad para saber qué sucedió exactamente en ese inicio de enero, aunque algunos detalles se han hecho públicos a través de las acciones de la prensa, tanto brasileña como internacional. A pesar del reciente relevo de mando, hay un desafío inmenso en la reanudación de las relaciones con las instituciones de Defensa, en parte impulsado por la excesiva politización y por grupos fuertemente críticos con Lula.

Estos no son pequeños desafíos que se suman a la urgente necesidad de reconstruir, con muy bajos recursos financieros, las políticas públicas en Brasil,. Pero no es momento de desanimarse. Si no avanzamos en el diálogo con la policía, en una política de control de armas y en la revisión efectiva del papel del Ejército Brasileño, corremos el riesgo de no llegar siquiera al final del este gobierno. Y entonces estas políticas públicas no saldrán adelante.