La Fundación MarViva es una organización no gubernamental y sin fines de lucro creada en 2002 con el objetivo de promover la conservación y el uso sostenible de los recursos y ecosistemas del Pacífico tropical oriental. Desde su creación en 2002, MarViva trabaja para lograr un mar biodiverso y saludable, que genere bienestar para las presentes y las futuras generaciones en Panamá, Colombia y Costa Rica. Conversamos con Katherine Arroyo Arce, gerente de incidencia política, acerca del multilateralismo y su papel para el futuro de la gobernanza del mar.

democracia Abierta: Para comenzar, ¿nos puedes explicar qué es la gobernanza marina y cuál es su relación con el multilateralismo?

Katherine Arroyo: Por gobernanza entendemos la gestión, la administración, la forma en la que en un Estado se decide administrar, en este caso, los recursos marinos. Recordemos que en la mayoría de países el mar es un bien que es de todos, es de dominio público, y le corresponde al Estado garantizar las herramientas y la gobernanza para que ese recurso pueda conservarse y pueda usarse de una manera sostenible.

Tenemos tres componentes muy importantes de la gobernanza. El componente regulatorio, que son las leyes, los reglamentos, los decretos o cualquier instrumento de índole obligatorio, que regule los distintos usos del mar: temas pesqueros, de navegación, de turismo, pero también la investigación y la conservación. Tenemos, también, la parte institucional, que son los ministerios y las entidades de gobierno que van a tener las competencias asignadas para implementar esa normativa.

Un tercer componente muy importante, son los mecanismos y los niveles de implementación, porque si hay algo que es clave en cualquier esquema de gobernanza ambiental, es promover primero una participación oportuna y efectiva del público en los procesos de toma de decisiones. La conservación no se puede hacer sin la gente; tenemos que pensar siempre en que los espacios naturales son espacios sociales donde hay muchos intereses y muchas necesidades por las que tenemos que velar y que tienen que visibilizarse.

Pero, también hay un tema de coordinación entre las instituciones y, en el caso marino, por la naturaleza tan particular de este recurso, un recurso que no conoce fronteras, es muy importante tener esos canales de comunicación, de acceso, de toma de decisiones, para poder implementar medidas de ordenamiento y de manejo que estén a la altura del reto tan grande que es gobernar el mar.

En el caso del océano, un recurso que no conoce fronteras, la cooperación intergubernamental es muy importante, no solamente para poder promover que haya capacitación, que haya investigación en los países y más habilidades para abordar los temas marinos a nivel local, sino también para asegurarnos que el esfuerzo político o legal que se hace en un país tenga coherencia en el sentido más amplio. Es decir, que los esfuerzos de Panamá, por ejemplo, para ampliar sus espacios marinos protegidos se acuerpen a los esfuerzos que Costa Rica está haciendo en esa misma línea y que los impactos sean lo más amplios posible. Realmente, en este tema, los esfuerzos desarticulados no van a tener mucho sentido, no van a tener el impacto esperado, a menos que se resuelvan de una manera internacional, por medio de la cooperación.

D.A.: ¿Cómo describirías tú el estado actual de la cooperación entre los gobiernos latinoamericanos en cuanto a la gestión colectiva de los mares?

K.A.: En los últimos años, percibo un creciente interés de la cooperación internacional en nuestros países por apalancar procesos nacionales de gobernanza marina, por promover procesos más robustos para el ordenamiento y la planificación de los espacios marinos, o inclusive para posicionar a la región como un líder de cara a lo que pudiera llegar a ser el Acuerdo de Altamar, tanto en el sentido técnico como en el fortalecimiento de las capacidades de control y vigilancia. Aquí hay un tema geopolítico que no se puede obviar, y es la necesidad de disuadir la pesca ilegal y otras actividades criminales que se dan en la zona de Latinoamérica. Entonces, motivados en esto y en el auge de actividades para financiar el logro de la meta “30 por 30” y de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU, hay muchísimo interés en que estos países empecemos a trabajar en el ordenamiento del espacio y en tratar temas relacionados con la gobernanza del altamar.

D.A.: Uno de los proyectos más emblemáticos en los que está trabajando la Fundación MarViva en este momento es la iniciativa del Domo Térmico. ¿Nos puedes contar en qué consiste y en qué medida podría convertirse en un ejemplo de gobernanza para los mares en el resto del mundo?

K.A.: El Domo Térmico es un tema muy emblemático para la Fundación MarViva, en el que se viene trabajando desde el año 2012 y que básicamente consiste en un proceso de incidencia política con alcance multinivel. Es un tema que ha sido abordado con tomadores de decisiones, sobre todo a nivel regional e internacional, con varios objetivos. El primero, educar y sensibilizar a la audiencia sobre qué es el Domo, un fenómeno oceanográfico único en el Pacífico tropical oriental. Lo llamamos como un “oasis de productividad“ que se genera a raíz de la dinámica entre las corrientes marinas que, en palabras muy sencillas, hace que el agua del fondo del mar circule hacia la superficie, y eso lo que genera es una gran presencia de plancton, que es una fuente de alimentación para distintas cadenas y atrae a muchísimas especies del norte y del sur del continente. Es lo que llamamos como un hotspot de biodiversidad.

Es un sistema muy complejo, porque no solamente se localiza al frente a las costas del litoral de Centroamérica, sino que también es un fenómeno dinámico. El Domo se mueve a lo largo del año y, en algunos periodos, cubre el alta mar, pero en otros está quizás más ubicado dentro de las zonas económicas exclusivas de los países centroamericanos. Entonces, además de sensibilizar al público sobre qué es el Domo Térmico y por qué es importante desde el punto de vista biológico, estamos trabajando muy fuerte en la cuestión de la conectividad de lo que está pasando en el Domo con lo que pasa en las costas de Centroamérica, tanto a nivel biológico como a nivel socioeconómico. Además de eso, hablar sobre cuáles son las amenazas a las que se enfrenta la zona del Domo Térmico, como la sobrepesca y las rutas de navegación, y qué podemos hacer a nivel político, como sociedad civil, como gobiernos, para promover un uso sostenible de los recursos del Domo Térmico.

Esperamos que el Domo Térmico sea un ejemplo y que pueda inspirar que en otros hotspots tan importantes puedan desarrollarse estas iniciativas. Esto se está realizando en este momento con una coordinación estrecha con organismos del Sistema Integración Centroamericana (SICA), básicamente con la CCAD (Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo) liderando el proceso y coordinando con otras instancias regionales competentes en materia de navegación, por ejemplo, o en materia pesquera. La idea es concentrarnos, en los próximos años, en la generación de información científica para luego sentarnos con esta información y promover regulaciones en materia pesquera y de navegación. Todo esto, en el marco de un esquema de gobernanza que tendríamos que acordar con estos países, pero también con las organizaciones regionales. Por eso, en MarViva, le llamamos una ‘gobernanza híbrida’ del Domo Térmico.

D.A.: Actualmente, en la Organización Mundial del Comercio (OMC), se está debatiendo el futuro de las regulaciones sobre los subsidios a la pesca. ¿Nos puedes contar qué está en juego?

K.A.: Esta es una negociación que lleva bastantes años y que suele ser un ejemplo cuando discutimos sobre cuán eficaz es el multilateralismo que promueve la OMC con sus reglas actuales, porque justamente éstas son las circunstancias que han impedido avanzar y adoptar acuerdos de una manera más expedita, aunque todo parece indicar que, a finales de este año, vamos a tener una resolución sobre este tema.

El tema de las subvenciones pesqueras es importantísimo abordarlo, porque hay una correlación entre cierto tipo de ellas y la sobreexplotación de los recursos pesqueros. Si reducimos paulatinamente ese tipo de subvenciones, además de incentivar que ya no haya sobrepesca, también esperaríamos reducir la presencia de flota de pesca ilegal en la región. Esto es crítico si lo relacionamos con el tema de las alternativas productivas, porque lo que hacen las subvenciones es reducir artificialmente los costos de la operación pesquera, entonces estamos generando empleo que además es empleo que no suele ser calificado, a partir de actividades que, en realidad, no son rentables.

Esta distorsión de la realidad realmente lo que viene a fomentar es una especie de círculo vicioso, donde estas personas, al no tener una alternativa productiva, siguen dependiendo de esta actividad. El Estado finalmente tiene que ceder a otorgar bonos mensuales para que estas personas puedan tener, de alguna forma, un sustento diario. Entonces, un acuerdo deseable en el contexto de esas negociaciones ciertamente es un acuerdo ambicioso, donde se exija una reducción efectiva de este tipo de subvenciones.

D.A.: Dentro del marco de la ONU también se está negociando un acuerdo sobre la biodiversidad marina en áreas fuera de la jurisdicción nacional. ¿Por qué son importantes estas negociaciones y cuál ha sido la posición de los gobiernos latinoamericanos?

K.A.: Este proceso de negociación también lleva muchísimos años, por lo menos unos 20 años, entre discusiones informales y formales, a nivel de Naciones Unidas. Dentro de la institucionalidad normativa de los mares, tenemos la CONVEMAR, que es lo que llamamos como la Convención del Derecho del Mar o la Constitución de los Mares, que regula, por ejemplo, el tema de los límites marítimos y las reglas de juego en general, para que los países puedan navegar y desarrollar actividades productivas.

Pero la Convención, que data de ya hace varios años, no abordó disposiciones dirigidas a promover la conservación, sobre todo en lo que se conoce como las áreas fuera de las jurisdicciones nacionales, que, en otras palabras, es el altamar. En estos espacios, al día de hoy, no podemos afirmar que hayan disposiciones para asegurar la conservación de determinada especie, salvo lo que las organizaciones regionales, como las OROP (Organizaciones Regional de Ordenación Pesquera), han definido en temas pesqueros. Pero un enfoque realmente desde la conservación y el uso sostenible de los recursos que, por ejemplo, permita integrar o promover áreas marinas protegidas en el alta mar o realizar evaluaciones de impacto ambiental de actividades que ya están ocurriendo en esas zonas, es algo que no se tiene.

En ese proceso, Latinoamérica ha trabajado en bloque. Existe un grupo que se llama CLAM, que básicamente está constituido por la mayoría de países latinoamericanos, salvo algunas excepciones como Venezuela, Bolivia y Nicaragua, que ha logrado los consensos necesarios para llevar una posición más o menos robusta de cara a la negociación. El CLAM se conformó en agosto de 2019 con el apoyo de organizaciones como MarViva, que somos parte de una red internacional que se llama High Seas Alliance. Nuestro rol en ese contexto, es facilitar todos los insumos técnicos y ponerles en contacto a los gobiernos con expertos en materia de evaluación de impacto ambiental y de acceso a los recursos genéticos en altamar.

D.A.: Otro tema que llama cada vez más la atención de la opinión pública es la pesca de arrastre. ¿En qué consiste exactamente? ¿Qué puede hacer el multilateralismo en este frente?

K.A.: La pesca de arrastre es un tema que hemos desarrollado y abordado en MarViva Costa Rica durante ya casi 10 años. Este es una práctica que, como su nombre lo indica, consiste en arrastrar una serie de redes que se sostienen por medio de unos portones muy pesados que van arrastrando el suelo con el objetivo, en este caso, de capturar camarón.

Tradicionalmente, ha sido desarrollada por la flota semi industrial, pero también hay arrastre artesanal, que también causa muchísimo daño.

Históricamente, la pesca de arrastre en Costa Rica ha sido la principal fuente de conflicto entre la flota semi industrial y la flota artesanal, en virtud de la nula zonificación de los espacios marinos donde podían faenar los pescadores artesanales y las flotas semi industriales. La flota semi industrial capturaba únicamente entre un 20 y un 25 % de camarones, y el resto era fauna acompañante, en su mayoría especies de interés comercial del sector artesanal. Otra gran parte de esa captura incidental han sido tortugas y tiburones, especies protegidas por convenciones internacionales. Entonces, el aprovechamiento real del camarón era bastante bajo en el marco de una actividad que no estaba generando movilidad social y que estaba generando pérdidas muy importantes y una crisis social muy grave en el sector artesanal, afectando así otros sectores, como el turismo y la pesca deportiva.

Existe una resolución de Naciones Unidas, una declaración que reconoce que existen actividades pesqueras dañinas y que, dentro de esas, está la pesca de arrastre. De nuevo, podemos volver al tema de si hay una crisis del multilateralismo en función de que quizás no todas esas organizaciones internacionales están avanzando con coherencia. Vas a encontrar una FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) que está invirtiendo muchos esfuerzos en darle un matiz de sostenibilidad a la pesca de arrastre, y en generar proyectos de investigación donde, en principio, con alguna serie de mejoras en el arte podríamos hablar de que la pesca de arrastre puede llegar a ser sostenible.

A la fecha, no hay evidencia científica que demuestre la sostenibilidad de la pesca de arrastre. No podríamos decir que es una actividad que puede desarrollarse de manera sostenible y mucho menos a escalas tan grandes. Entonces hay un tema que resolver a nivel de hacia dónde estamos dirigiendo el financiamiento y la investigación internacional sobre algo que pareciera no tener mucha viabilidad y que, en nuestro caso, tampoco es una actividad rentable.

D.A.: MarViva también está trabajando en el tema de la contaminación marina por plásticos. ¿Qué puede hacer el multilateralismo frente a esta problemática?

K.A.: Los datos son alarmantes. Todo parece indicar que históricamente solamente el 9%de los plásticos que se ha generado ha sido reciclado efectivamente. Ante estos datos de reciclaje, que son bajísimos, hemos visto la necesidad de ser más agresivos y decir: el reciclaje es importante pero no es suficiente, tenemos que enfocarnos en otro tipo de herramientas, como promover esquemas de responsabilidad extendida del productor, por ejemplo. Aunque, por supuesto, este es un tema muy delicado, pues todo tiene su huella ecológica. Creo que es muy importante ponderar, por medio de estudios costo-beneficio, qué es lo mejor en este momento para nuestro planeta en términos de alternativas productivas.

Lo cierto es que a nivel gubernamental esto ha generado muchísima atención y actualmente MarViva participa en grupos de trabajo para promover un tratado internacional para combatir la basura marina. En la Asamblea General de Medio Ambiente de Naciones Unidas, en febrero del próximo año, se espera llegar a un acuerdo donde podamos arrancar con un proceso de conferencias intergubernamentales para lograr un texto de negociación, y, a partir de ahí, mejorarlo y poder atender este tema de una manera más efectiva.

Otro espacio muy importante en el que se está empezando hablar de este tema es a nivel de la Convención de Basilea, que es un convenio que se enfoca en los movimientos transfronterizos de residuos peligrosos. Eso es muy interesante, porque estamos empezando a entender y reconocer que el plástico debe gestionarse con la rigurosidad de un residuo peligroso.

D.A.: Otro tema bastante problemático es la minería submarina, pues mientras algunos la defienden para obtener los minerales necesarios para la transición energética, otros alertan que tendría unos impactos devastadores. ¿Cuál es la posición de MarViva al respecto?

K.A.: La explotación minera en lo que se conoce como ‘La Zona’, que son los fondos marinos ubicados en alta mar, es un tema que ha resonado mucho en los últimos años. Actualmente hay un proceso de negociación ante una instancia que se llama ISA (Autoridad Internacional de los Fondos Marinos), que se crea al amparo de la CONVEMAR, y que desde hace muchos años ha autorizado la exploración para fines de investigación siguiendo ciertos requisitos. Más recientemente, se ha hablado sobre el interés de ciertos Estados y empresas de generar la extracción de minerales justificado en la necesidad de suplir la demanda de minerales, por ejemplo, para las baterías de vehículos eléctricos de cara a los procesos de descarbonización.

Esto es muy interesante, porque, por una parte, nos urge la descarbonización. Sin embargo, con base en esta justificación estaríamos dando pie a una actividad que tendría un impacto que es tan grande que no se ha medido, porque se estaría dando en un lugar que realmente el ser humano no conoce bien. Estamos apenas empezando a descubrir el gran valor que muchos de estos organismos podrían tener para, por ejemplo, combatir situaciones como la pandemia que estamos viviendo, organismos con propiedades que podrían llegar a generar curas para enfermedades. Son cosas que se están debatiendo y por lo que deberíamos poner en la balanza realmente hacia dónde queremos ir.

Son más los argumentos a favor de hacer una moratoria, ésta es la posición de MarViva, promover una moratoria por un tiempo prudencial a las actividades de explotación; pensemos más bien en generar más ciencia sobre estas zonas, más información sobre cómo puede efectivamente atenderse las necesidades de minerales y metales para la descarbonización.

D.A.: Para terminar quisiera preguntarte: desde el punto de vista de MarViva, ¿cuál crees que debería ser el papel de las organizaciones de la sociedad civil para el futuro de la acción colectiva internacional en América Latina?

K.A.: Las organizaciones sociales son un actor tan válido en el sistema internacional como son los Estados y las instituciones internacionales, porque estamos haciendo llegar la voz, el conocimiento de sectores que no necesariamente se ven representados teniendo a su Estado participando en esas negociaciones. Cuando una organización como MarViva se hace visible, estamos haciendo visible también a las comunidades costeras con las que MarViva trabaja, y a sectores como la academia o inclusive otras organizaciones no gubernamentales y organizaciones locales que se apoyan en la estructura que MarViva ha construído durante muchísimos años para realizar esas acciones de incidencia política.

El rol va en dos vías. Por un lado, apoyar a los gobiernos que tienen el micrófono en estos espacios, porque los gobiernos pueden no contar con la capacidad técnica que sí tiene una ONG como MarViva para generar información científica, pues hay una crisis estructural de disponibilidad de datos ambientales para la toma de decisiones. También ser un interlocutor entre las instituciones académicas —las universidades, por ejemplo, que son un actor que no suele tener un rol preponderante en este tipo de procesos, pero que, teniendo en cuenta que las acciones de incidencia política de MarViva se fundamentan en la mejor ciencia disponible, para nosotros es sumamente importante que la academia esté presente en esos procesos de toma de decisiones.

Por otro lado, desde un punto de vista reactivo, la participación de la sociedad civil es un parámetro para una democracia sana, es decir, que existan espacios para que estas voces estén en los procesos de toma de decisiones. El Acuerdo de Escazú es un ejemplo de la crisis que vivimos en nuestros países, en cuanto a la apertura de los gobiernos a desarrollar las garantías mínimas para el ejercicio de derechos relacionados con la incidencia ambiental. Este tipo de cosas nos hace decir que cada día es más importante tener a la sociedad civil liderando estos procesos, inspirando a gobiernos a asesorarse de ellas y a evitar esa extrapolación entre los sectores.

Esto cobra más relevancia en el contexto de nuestra región y particularmente de estos tres países en los que trabajamos, donde, si bien hay una democracia sólida, un sistema de gobierno que, en principio, es abierto para ese tipo de manifestaciones, también estamos viviendo un contexto de mucha polarización social, fomentado por movimientos que promueven la desinformación, que promueven intereses muy particulares y en donde la transparencia no suele ser la tónica.

Por último, la conservación ambiental tiene que estar en el centro de todos los planes de reconversión productiva de recuperación post-Covid. Ha sido una lucha para posicionar estos temas como prioritarios, pero que no lo son para un segmento de la clase política. Entonces, uno de los roles de la sociedad civil a nivel internacional y nacional, es generar esa agenda y que esa agenda esté sobre la mesa y sea trabajada, la agenda del desarrollo sostenible.

Este es el sexto artículo del e-book Tejiendo Lazos: El Futuro del Multilateralismo en América Latina publicado por democraciaAbierta