El 2020 ha sido un año particularmente trágico para los pueblos indígenas de todo el mundo y, particularmente, de la región amazónica. Allí, la expansión del COVID-19 se ha dado de forma paralela a la acción oportunista de madereros, mineros ilegales, hacendados, así como gobiernos dispuestos a flexibilizar la concesión de megaproyectos extractivos bajo el argumento de que es necesario promover la inversión en esta región como respuesta a la crisis económica provocada por la pandemia.
Dicha realidad ha sido descrita por juristas, organizaciones de la sociedad civil y por las propias comunidades afectadas, a partir de expresiones como genocidio o etnocidio, usualmente empleadas en contextos de limpieza étnica por parte de regímenes represivos o en el marco de conflictos armados. Por otro lado, la devastación ambiental en curso en la región ha sido descrita frecuentemente como “ecocidio”. Hasta la fecha, más de 70 mil indígenas han sido infectados por el COVID-19 en las Américas, de los cuales 23 mil se ubican en la cuenca amazónica y 15 mil en Brasil.
En Brasil, la tragedia enfrentada por los pueblos indígenas es resultado directo de la aquiescencia gubernamental hacia la destrucción de reservas naturales e indígenas, y del desmantelamiento de lo poco que queda de institucionalidad socioambiental.
