La ascensión de Bolsonaro al poder en 2018 y el apoyo popular que aún ostenta evidencian la distopía informativa y la incapacidad de los partidos con vocación democrática de cerrar filas contra demagogos sin tal vocación.

Este artículo comenta algunos factores que permitieron a la democracia brasileña sobrevivir a cuatro años de constantes desmanes autoritarios de la mano de Bolsonaro y del clamor de una parcela de la sociedad y de las Fuerzas Armadas para que el resultado oficial de las elecciones presidenciales de 2022 fuese ignorado. 

Como punto de partida, el término “bolsonarismo” aquí empleado trasciende un mero apoyo al expresidente, y caracteriza el lazo identitario que une a millones de personas convencidas de que las reglas del juego electoral, la Suprema Corte y las demás instancias del Estado están cooptadas por la izquierda.

El bolsonarista ortodoxo tiende a creer que la ciencia, la educación, las artes y los códigos morales se han contaminado de ideas izquierdistas, en desmedro de los valores tradicionales inherentes a la nación brasileña. 

Según el politólogo Francisco Bosco, el bolsonarismo es producto de la hiperpolarización de nuestros tiempos, agravada por la ruptura de dos preceptos fundamentales identificados por Levitsky y Ziblatt en How Democracies Die: la autocontención frente a las reglas básicas y no escritas del juego democrático y la aceptación del adversario político como un actor legítimo en dicho juego.

En el contexto brasileño, Bosco resalta que dichos preceptos fueron igualmente incumplidos por los dos partidos que dominaron el escenario electoral brasileño desde el fin de la dictadura militar (1964-1985) y el retorno del sufragio electoral libre (1989), el Partido de los Trabajadores (PT) y el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB). 

El PT y el PSDB compartieron, en su creación (1980 y 1988, respectivamente), el anhelo de restaurar la democracia tras 21 años de supresión de las libertades políticas. Con el tiempo, la disputa por el poder hizo que buscaran anularse política y discursivamente. La anulación política se manifestó, por ejemplo, en los innumerables pedidos de impeachment formulados por el PT contra el expresidente y líder socialdemócrata Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) y en la conspiración deliberada del PSDB para que Dilma Rousseff sufriera un juicio político en 2016.

La anulación discursiva se tradujo en el mantra petista según el cual el PSDB se había convertido en un engendro neoliberal de extrema derecha, responsable por una década de pérdidas económicas y sociales. La oposición del PSDB fue aún más implacable, sobre todo en el mandato de Rousseff, habiendo empleado consignas del tipo “el PT posee el monopolio de la corrupción” o “cualquier alternativa es mejor que la izquierda”. Tales consignas serían munición de alto calibre para Bolsonaro en las elecciones venideras. 

En medio a esta guerra total, la alternativa electa en 2018 (democráticamente, hay que decirlo) resultó ser la peor posible; multiplicó esquemas de corrupción, el nepotismo y la opacidad en la gestión pública, promovió un boicot contra la ciencia y contra la Amazonía, entre otros desastres.

Pero el legado más nefasto de los cuatro años de Bolsonaro fue, probablemente, haber diseminado en una parcela importante de la sociedad, Fuerzas Armadas y policías, la convicción de que un golpe de Estado es una opción no solo válida sino deseable.

En un contexto político y social tan desfavorable, la pregunta que surge es ¿cómo la democracia brasileña logró sobrevivir? La primera condición era, desde luego, evitar un segundo mandato de Bolsonaro. Usualmente, los autócratas que llegan al poder mediante elecciones libres necesitan al menos dos mandatos consecutivos, un mínimo de soporte popular y de apoyo en las Fuerzas Armadas para convertirse en dictadores.

Alberto Fujimori acudió a un golpe cívico-militar ya en el primer mandato, pero es una excepción a la regla. Véase, por ejemplo, a Orbán en Hungría, Putin en Rusia, Chávez-Maduro en Venezuela y Ortega en Nicaragua, quienes realizaron los cambios más profundos en el ajedrez político-institucional para perpetuarse en el poder a partir de un segundo mandato. 

El giro del PT hacia el centro, la construcción de un frente amplio con algunos partidos de centro-derecha y el pragmatismo con que Lula buscó acercarse a sectores conservadores del electorado, sobre todo en la segunda vuelta, fueron determinantes para prevenir un segundo término de Bolsonaro y, de paso, evitar un tiro de gracia en la institucionalidad democrática del país. 

Habiéndose abordado la derrota de Bolsonaro, falta indagar por qué Brasil no protagonizó un intento de golpe de Estado entre el anuncio de la victoria de Lula, el 30 de octubre de 2022, y su investidura como presidente, el 1º de enero de 2023.

A juzgar por la insistencia del expresidente y de sus seguidores de que la segunda vuelta electoral habría sido fraudulenta (la primera no fue impugnada, pues una mayoría de candidatos de derecha fue electa en el Congreso y en las principales gobernaturas), la posibilidad de una ruptura institucional era considerable.

Una evidencia adicional del ánimo golpista fue el borrador de decreto de intervención en la Justicia Electoral para modificar el resultado de la segunda vuelta, incautado en la residencia del exministro de justicia de Bolsonaro y recién nombrado secretario de seguridad del Distrito Federal, actualmente bajo detención preventiva e investigado por omisión frente a los actos de insurrección cometidos por bolsonaristas radicales el pasado 8 de enero en Brasilia.

La primera razón por la que el golpe de Estado no llegó a concretarse es la confianza que la mayoría de la población y la comunidad internacional confieren al sistema electoral brasileño. El aparato de desinformación empleado durante, después y varios meses antes de las elecciones no fue capaz de trascender el metaverso informativo bolsonarista. Por más ruidosos que sean los millones de brasileños que creen en el mito del fraude en las urnas, se trata de un contingente minoritario de la población. 

La segunda razón fue la movilización de la sociedad civil, formadores de opinión y medios de comunicación que buscaron, por un lado, aclarar las informaciones falsas sobre la integridad del proceso electoral y, por otro, alertar a la opinión pública, organismos internacionales y gobiernos de países con relaciones diplomáticas y económicas significativas con Brasil, de los riesgos de una reversión abrupta del resultado oficial de las elecciones.

De igual manera, el Tribunal Superior Electoral jugó un rol fundamental en el combate a las fake news sobre la integridad de las urnas electrónicas y del escrutinio electoral como un todo, y a otras mentiras que hasta hoy circulan en el inframundo de las redes sociales.

Pese a la falta de un apoyo orgánico en las fuerzas de seguridad a la ruta antidemocrática, sobran evidencias de que el Cuartel General del Ejército en Brasilia actuó de forma irresponsable en al menos tres ocasiones en que radicales acampados en frente a dicha instalación buscaron truncar la transición pacífica del poder: la invasión de un edificio de la Policía Federal y la depredación de vehículos y predios públicos el 12 de diciembre de 2022 en Brasilia; la instalación de explosivos en un camión, desactivados previo a un intento de atentado terrorista en el aeropuerto de la capital, días antes de la posesión de Lula; y el asalto a la Suprema Corte, Congreso y Palacio de Gobierno, el 8 de enero de 2023, fecha que vivirá en la infamia en la historia brasileña. 

Consideraciones finales

Habiendo resistido el más largo de sus días, la democracia brasileña podría salir fortalecida, siempre y cuando no se repitan los errores del pasado. Tras el referido “noviembrazo”, Juscelino Kubitschek adoptó una postura conciliadora con los militares y civiles que intentaron voltear las elecciones.

Días después de su posesión, en enero de 1956, oficiales de la aeronáutica favorables a la ruptura institucional se rebelaron en la base de Jacarecanga, en el norte del país. Con el apoyo de Kubitschek, el Congreso Federal amnistió a todas las personas que participaron de la conspiración, incluso a los rebelados de Jacarecanga, y un número sin precedente de militares pasaron a ejercer funciones civiles en el gobierno.

La impunidad frente a la sedición y la constante injerencia de generales en la política entre el segundo gobierno de Getúlio Vargas (1951-1954) y el accidentado mandato de João Goulart (1961-1964), fueron el preludio del golpe militar de 31 de marzo de 1964.  

El fortalecimiento de la cultura democrática en Brasil pasa por desincentivar la inclinación de las Fuerzas Armadas para actuar como una suerte de poder moderador, y por asegurar la sanción de quienes hayan atentado contra la democracia y los tres poderes de la República en los últimos meses.

Es importante tener presente que Bolsonaro confabuló impunemente contra el resultado de las elecciones, incluso antes de que fuesen realizadas; pues el Fiscal General, Augusto Aras, siempre actuó como un capataz de sus designios personales. La primera y única vez en que Aras incluyó a Bolsonaro en una investigación preliminar por delitos contra el orden democrático ocurrió hace pocos días, cuando aquél ya se encontraba en la Florida con el sombrero de expresidente. 

Por ello, es imprescindible expurgar el partidismo de la administración y procuración de justicia. Al respecto, me parece desatinado el anuncio de que Lula podría nombrar el próximo o próxima Fiscal General, en septiembre del presente año, por fuera de la lista triple propuesta por los/as fiscales de la República. Iniciado por el propio Lula en 2003, este mecanismo de selección fue respetado por cada uno de los presidentes que le sucedieron, salvo por Bolsonaro.

Apartarse de los hábitos antirrepublicanos de Bolsonaro y abstenerse de la tentación de nombrar a Ministros de la Suprema Corte y a Fiscales Generales serviles serían un ejercicio de autocontención que darían una dosis de vitalidad a la democracia brasileña.