Pese a la falta de un apoyo orgánico en las fuerzas de seguridad a la ruta antidemocrática, sobran evidencias de que el Cuartel General del Ejército en Brasilia actuó de forma irresponsable en al menos tres ocasiones en que radicales acampados en frente a dicha instalación buscaron truncar la transición pacífica del poder: la invasión de un edificio de la Policía Federal y la depredación de vehículos y predios públicos el 12 de diciembre de 2022 en Brasilia; la instalación de explosivos en un camión, desactivados previo a un intento de atentado terrorista en el aeropuerto de la capital, días antes de la posesión de Lula; y el asalto a la Suprema Corte, Congreso y Palacio de Gobierno, el 8 de enero de 2023, fecha que vivirá en la infamia en la historia brasileña.
Consideraciones finales
Habiendo resistido el más largo de sus días, la democracia brasileña podría salir fortalecida, siempre y cuando no se repitan los errores del pasado. Tras el referido “noviembrazo”, Juscelino Kubitschek adoptó una postura conciliadora con los militares y civiles que intentaron voltear las elecciones.
Días después de su posesión, en enero de 1956, oficiales de la aeronáutica favorables a la ruptura institucional se rebelaron en la base de Jacarecanga, en el norte del país. Con el apoyo de Kubitschek, el Congreso Federal amnistió a todas las personas que participaron de la conspiración, incluso a los rebelados de Jacarecanga, y un número sin precedente de militares pasaron a ejercer funciones civiles en el gobierno.
La impunidad frente a la sedición y la constante injerencia de generales en la política entre el segundo gobierno de Getúlio Vargas (1951-1954) y el accidentado mandato de João Goulart (1961-1964), fueron el preludio del golpe militar de 31 de marzo de 1964.
El fortalecimiento de la cultura democrática en Brasil pasa por desincentivar la inclinación de las Fuerzas Armadas para actuar como una suerte de poder moderador, y por asegurar la sanción de quienes hayan atentado contra la democracia y los tres poderes de la República en los últimos meses.
Es importante tener presente que Bolsonaro confabuló impunemente contra el resultado de las elecciones, incluso antes de que fuesen realizadas; pues el Fiscal General, Augusto Aras, siempre actuó como un capataz de sus designios personales. La primera y única vez en que Aras incluyó a Bolsonaro en una investigación preliminar por delitos contra el orden democrático ocurrió hace pocos días, cuando aquél ya se encontraba en la Florida con el sombrero de expresidente.
Por ello, es imprescindible expurgar el partidismo de la administración y procuración de justicia. Al respecto, me parece desatinado el anuncio de que Lula podría nombrar el próximo o próxima Fiscal General, en septiembre del presente año, por fuera de la lista triple propuesta por los/as fiscales de la República. Iniciado por el propio Lula en 2003, este mecanismo de selección fue respetado por cada uno de los presidentes que le sucedieron, salvo por Bolsonaro.
Apartarse de los hábitos antirrepublicanos de Bolsonaro y abstenerse de la tentación de nombrar a Ministros de la Suprema Corte y a Fiscales Generales serviles serían un ejercicio de autocontención que darían una dosis de vitalidad a la democracia brasileña.
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