Hace algunas semanas, el Juez Alexandre de Moraes de la Suprema Corte de Brasil (Supremo Tribunal Federal) ordenó la suspensión de la App de mensajería Telegram en el país. Su decisión tuvo lugar tras el incumplimiento de resoluciones ordenando a la compañía de origen ruso inhabilitar las cuentas de personas del entorno político del presidente Bolsonaro, quienes venían difundiendo noticias falsas sobre el proceso electoral brasileño.
Finalmente, el juez dejó sin efecto su sentencia, luego de que Telegram se comprometiera a implementar una nueva política de combate a las fake news que incluyen el monitoreo de los canales con más usuarios, posibilidad de publicar alertas sobre la veracidad dudosa de noticias, entre otras. Este artículo aborda algunos elementos de la compleja relación entre libertad de expresión y la necesidad de regular el uso de plataformas digitales para incentivar acciones que ponen en riesgo ciertos pilares básicos de la democracia.
En su sentencia, Moraes subrayó los intentos frustrados del Tribunal Superior Electoral de Brasil de discutir formas de cooperación con la empresa Telegram para que implementara políticas de combate a la desinformación. Asimismo, destacó que “el desprecio por la legislación brasileña y el reiterado incumplimiento de inúmeras decisiones judiciales por Telegram – empresa que opera en el territorio brasileño, sin indicar su representante, emanada incluso del STF – es circunstancia incompatible con el orden constitucional vigente…”.
