El Centro de Estudios Jurídicos y Sociales, Dejusticia, con sede en Bogotá, Colombia, trabaja por la promoción de los derechos humanos en Colombia y el Sur Global a través de la investigación, la incidencia y el litigio estratégico. Conversamos con Lucía Ramírez Bolívar, Coordinadora de Investigaciones sobre Migración y Venezuela, acerca de la necesidad de adoptar un enfoque multilateral basado en los derechos humanos para responder a los flujos migratorios en la región, en particular al éxodo venezolano, que ya es considerado como el fenómeno migratorio más grande en la historia moderna de América Latina.

democraciaAbierta: ¿Por qué la migración debe ser vista como un desafío que compete a América Latina como región?

Lucía Ramírez Bolívar: Hay que ver la migración más allá de las cifras. Hay que entenderla también desde el punto de vista de las causas y las dinámicas de los flujos migratorios, que atraviesan toda la región. Esto implica que las personas interactúan con distintos Estados y con distintos marcos legales durante su recorrido, lo cual vuelve necesaria la coordinación de los Estados por los cuales transitan.

Además, hay que tener en cuenta que la respuesta de unos Estados frente a la migración genera consecuencias para otros. Por ejemplo, en Colombia muchas veces hemos sufrido el efecto embudo, porque otros países cierran sus fronteras y las personas están transitando más hacia el sur o hacia el norte del continente. Por eso es necesario que haya una respuesta coordinada, para que no se generen esos efectos adversos que ponen en riesgo a esas personas durante sus procesos de tránsito o de vocación de permanencia, que es cuando deciden instalarse en un país. No se puede entender como un reto aislado, sino que es un proceso que está interconectado y que va a tocar a muchos de los Estados en la región.

D.A.: ¿Qué ventajas tiene abordar la migración desde un enfoque multilateral?

L.R.: Es muy importante hablar desde el multilateralismo, porque normalmente lo vemos como responsabilidades individuales de los Estados, pero también es clave reconocer la complejidad de los procesos migratorios, los distintos actores que están involucrados, y que realmente, sin coordinación efectiva, va a ser muy difícil responder a los retos que implica la migración forzada.

A pesar de que ha habido esfuerzos para buscar una respuesta regional, aún nos falta mucho. Parte del problema es que los Estados aún no han visto las ventajas que un manejo multilateral podría tener, más allá de un manejo unilateral. Un ejemplo de esto sería la incidencia conjunta que pueden hacer los Estados a través de alianzas o coaliciones ante instancias internacionales, que les podría permitir acceder a más recursos de cooperación, los cuales fortalecerían esa respuesta. Sus respuestas tendrían mayor impacto, porque no serían esfuerzos aislados, sino que estarían conectados en una estrategia mucho más amplia. También habría una distribución más equitativa en las responsabilidades para atender las necesidades de la población migrante, y no sería uno o dos Estados los que, por las circunstancias, son los que tienen que responder. Además podrían compartir lecciones aprendidas y replicar medias exitosas.

Con respecto a la población migrante, tener una respuesta coordinada evitaría el tránsito informal en las fronteras y expondría las personas a menos riesgos ligados a él. Por ejemplo, muchos casos de niños y niñas no acompañados que vienen en tránsito hacia un país son identificados primero en otro país. La búsqueda de sus padres podría ser más fácil si hay esa coordinación interestatal. Además, tener una mirada multilateral permitiría identificar otros flujos diferentes a los de la población venezolana y sus causas, y brindar la protección a todas las personas migrantes, independientemente de su nacionalidad.

D.A.: ¿Cuál es el estado actual de la cooperación multilateral en este tema?

L.R.: Ha habido unos avances muy importantes en la coordinación regional. El Proceso de Quito es un ejemplo de ello, pero hace falta llevar todos esas ideas, planes y programas a la práctica, y que los Estados tengan la voluntad política de implementar estas medidas. El Proceso de Quito es un espacio de cooperación técnica entre los Estados, pero eso no necesariamente se ha traducido en acciones concretas respaldadas por la voluntad política de los gobiernos.

D.A.: ¿Cuáles son los instrumentos internacio-nales más importantes para la protección de las personas migrantes en nuestra región?

L.R.: Todos los tratados sobre derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales, culturales y ambientales aplican para las personas migrantes y refugiadas. De hecho, todos estos tratados incluyen el principio de no discriminación, que implica que todos los derechos deben ser garantizados a todas las personas independientemente de su nacionalidad, religión, sexo, orientación sexual, entre otras características. También tenemos, dentro del Sistema de Naciones Unidas, la Convención de Refugiados de 1951, con su protocolo adicional, y la Convención de Derechos de los Trabajadores Migratorios, que tiene unas medidas muy concretas para proteger a esta población.

En la región tenemos la Declaración de Cartagena, de los años 1980s. El valor agregado fundamental de esta declaración es que tiene una definición ampliada de la condición de refugiado. La Convención de 1951 nos decía que las personas refugiadas son aquellas que salen de sus países por razones de raza, religión, nacionalidad, orientación política o pertenencia a un grupo social particular. La Declaración de Cartagena amplía ese concepto y lo aterriza a las realidades de la región, y establece que también son refugiados quienes tienen que salir de sus países por situaciones de conflicto generalizado, violaciones masivas de derechos humanos o desórdenes de orden público, que se adaptan un poco más a las características de las situaciones que generan migración forzada en la región.

Si bien no es un tratado, muchos países lo han incorporado en su legislación interna. Eso evidencia la importancia de esta declaración. Ahora lo importante es que efectivamente implementen estos reconocimientos. Porque también hay todo un debate en la región de quiénes se deben considerar o no refugiados, y si deberíamos considerar refugiados, por ejemplo, a todas las personas que están saliendo de Venezuela. Esto es una discusión interesante, pero no puede ir por encima de los compromisos que tienen los Estados de proteger a esta población y buscar los mecanismos que faciliten esa protección más rápido.

Por último, cabe mencionar el Plan de Acción de Brasil de 2014, que nace de un espacio de coordinación entre distintos Estados, que es muy avanzado y progresista y tiene unos estándares importantes de protección. Lamentablemente, no se ha implementado como esperábamos y, de cara a la migración proveniente de Venezuela, no necesariamente se han seguido los parámetros que ahí se establecían, sino que los Estados han estado dando respuestas más unilaterales, basadas en sus propias necesidades.

D.A.: ¿Qué impacto ha tenido el auge de la xenofobia y el nacionalismo en los países de la región en la gestión de la migración?

L.R.: Si bien antes de la pandemia ya había una narrativa antiinmigración y unos discursos de xenofobia, estos aumentaron durante este tiempo, lo que ha generado consecuencias en tres aspectos muy importantes. El primero es que se sigue relacionando seguridad con migración, y a pesar de que los estudios muestran que las personas migrantes no son más proclives a cometer delitos que los nacionales de un Estado — las cifras de todos estos Estados lo demuestran—, sí hay este estigma de que las personas migrantes vienen a cometer crímenes a los países de acogida. Eso se ve reforzado por las acciones del Estado, como los cierres fronterizos. Durante la pandemia vimos una militarización de varias fronteras y eso transmite un mensaje a las comunidades de que, si tengo que poner militares en las fronteras, es porque las estoy protegiendo de personas que pueden ser peligrosas.

Lo segundo, vimos cómo esto afectó una necesidad muy puntual durante la pandemia, en particular para las personas en situación de vulnerabilidad, que es la inclusión en los programas de vacunación. Algunos estados dijeron rápidamente que iban a incluir a las personas migrantes en sus planes de vacunación, otros abiertamente dijeron que no lo iban a hacer. Y sólo hasta ahora, casi un año y medio después, es que vemos que se ha empezado a incluir a las personas migrantes en los planes de vacunación, a pesar de que hubo muchos pronunciamientos de instancias internacionales haciendo un llamado a que se tuvieran en cuenta estos grupos en la respuesta, porque precisamente se pueden ver más afectados por el virus.

El tercer aspecto es el acceso a medidas de seguridad social de emergencia, como subsidios o apoyos económicos que se dieron durante la pandemia para paliar sus efectos. En los países que estudiamos (Colombia, Perú y Chile), para que una persona migrante pueda acceder a estas ayudas debe tener un estatus migratorio regular, y eso obviamente reduce las posibilidades de un porcentaje importante de personas. Por ejemplo, en Colombia, a diciembre de 2020, el 56% de las personas migrantes estaban en situación irregular y enfrentaban altos niveles de pobreza, y además no podían acceder a estas medidas de seguridad social.

Este discurso de xenofobia también se evidencia en el acceso a ciertas medidas, o en decisiones que tienen que ver con la gestión de la migración. Es muy importante mencionar que la xenofobia puede generar que los Estados limiten sus iniciativas de atención y restrinjan el acceso a derechos y a servicios sociales, por temor a ser criticados por la ciudadanía en general, que tiene todas estas prevenciones frente a la población migrante. Sin descontar los riesgos de la instrumentalización de la migración con fines políticos, que se ha dado mucho durante la pandemia pero también durante las elecciones que ya hemos tenido en algunos países y que tendremos en otros el próximo año. Nos preocupa mucho qué manejo se va a dar al tema de la migración, o si se va a convertir en otro escenario para reproducir esos discursos de xenofobia y nacionalismo.

D.A.: ¿Cuál es la importancia de los organismos internacionales para el manejo de la migración en América Latina? ¿Cómo ha sido su trabajo frente al éxodo venezolano?

L.R.: Su presencia en la región para atender el tema de la migración es clave, porque estos organismos ya tienen experiencia en manejo de flujos migratorios en otras regiones del Sur Global. Esa experiencia no es solamente de atención humanitaria, sino también una experiencia técnica. Ellos brindan asesoría técnica a los Estados sobre cómo pueden responder al tema de la migración. Esto es muy importante, porque tienen canales de interlocución de alto nivel con el Estado, distintos a los niveles de interlocución que pudiera tener la sociedad civil. Es más fácil que los Estados las escuchen.

Además, algunos organismos internacionales vienen con recursos para fortalecer la respuesta del Estado y apoyan a la sociedad civil para que podamos hacer un trabajo de veeduría ciudadana o atención directa. También traen un enfoque de derechos humanos para responder a la migración; el mandato de varios de ellos se deriva de los tratados internacionales. Además pueden marcar la pauta de la respuesta, por ejemplo, para que se entienda que la migración proveniente de Venezuela es una migración forzosa y no es una migración por razones económicas. Eso marca un tono clave en la discusión.

Los organismos internacionales han sido un actor importante de interlocución y apoyo para el Estado y las organizaciones de la sociedad civil. En particular, resaltaría la iniciativa de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), que también hace un esfuerzo para poner discusiones más regionales, traer autoridades de todos los Estados a discutir con la sociedad civil estos temas y articular a la sociedad civil.

Sin embargo, el reto que tienen los organismos internacionales es que su presencia en los países depende de la voluntad de los Estados, y periódicamente tienen que negociar su mandato para poder permanecer en el país. Esto puede afectar su capacidad crítica frente a ciertas iniciativas e instancias y limitar su incidencia en ciertas áreas que puedan ser contenciosas para el Estado.

D.A.: ¿Qué pueden hacer las organizaciones regionales (OEA, CELAC) y otras asociaciones más informales (Grupo de Lima) para manejar mejor la migración y garantizar los derechos de las personas migrantes?

L.R.: Yo creo que el rol de estos actores multilaterales es clave, por ejemplo, para implementar y hacer seguimiento a los acuerdos que ya se han trazado, que no se queden sólo en el papel o en buenas intenciones. También es clave que puedan promover una reflexión sobre la necesidad de que haya una distribución equitativa de las responsabilidades para atender la migración. Yo creo que eso sería atractivo para países que, por la cercanía geográfica, como Colombia, han tenido que ser los primeros respondientes, y eso podría generar más alianzas y cohesión al interior de estos grupos.

D.A.: Por último, ¿qué papel deberían jugar las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado en la gestión de la migración?

L.R.: Es importante partir de la premisa de que responder a la migración implica la contribución y el análisis de distintos actores. Es algo que el Estado no va a poder hacer solo. El rol de la sociedad civil es clave y lo hacemos desde distintas aristas. Hay organizaciones que facilitan la atención humanitaria, otras facilitan la atención jurídica, otras, como Dejusticia, hacen más análisis e investigación, mientras otras se encargan de hacer veeduría ciudadana. Los medios de comunicación también son muy importantes para visibilizar las realidades que se están dando en el terreno, porque esto le permite al Estado identificar cuellos de botella, barreras de acceso a derechos e identificar situaciones o problemas emergentes que de pronto no veía.

El sector privado también es un actor clave. Pensando en la perspectiva de la integración socioeconómica de la población, ellos son quiénes van a tener la posibilidad de ofrecer oportunidades de trabajo, de emprendimiento a las personas migrantes y refugiadas. Su participación es muy importante y por eso hay que impulsar que estén enterados de los distintos avances normativos, de las posibilidades que trae la migración, de los beneficios, de los aportes que pueden hacer las personas migrantes al sistema económico y al mercado laboral, para que puedan brindar esa colaboración que es tan importante.

Este es el octavo artículo del e-book Tejiendo Lazos: El Futuro del Multilateralismo en América Latina publicado por democraciaAbierta