Este domingo 6 de junio, los ciudadanos mexicanos participaron en las mayores elecciones de la historia del país. Estaban en juego 15 gobernaciones, 30 legislaturas estatales, 1.900 alcaldías, así como la renovación de toda la Cámara de Diputados. Aunque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), no estuvo en las urnas, la elección fue vista en gran medida como un referéndum de su presidencia y un posible instrumento para fortalecer a su partido, Morena, de cara a las elecciones presidenciales de 2024.
El proceso electoral estuvo marcado por fuertes divisiones entre los candidatos políticos, así como por un clima de polarización alimentado por los ataques de López Obrador contra las instituciones electorales del país y sus detractores, entre ellos periodistas y activistas sociales. Pero esta división no fue el único factor que ensombreció las elecciones de México.
Durante los meses previos a las elecciones, el país fue testigo de una creciente y aparentemente omnipresente ola de violencia que afectó a la vida y a la seguridad personal de los políticos candidatos y de los funcionarios públicos (especialmente los alcaldes), pero también a la de los líderes de los partidos, los periodistas y los activistas de derechos humanos. Según algunas estimaciones, hubo más de 140 asesinatos en las elecciones de este año. Concentrados geográficamente en estados como Oaxaca, Baja California, Veracruz, Guerrero, Michoacán y Jalisco, esta ola de violencia implicó expresiones de daño muy visibles, como la tortura, el linchamiento, los disparos, las mutilaciones y la exhibición de cadáveres en espacios públicos.
