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Violencia sin justicia en México: la guerra y sus consecuencias

Independientemente de su relación con el narcotráfico, la guerra desencadenada en México es una guerra civil contra y entre ciudadanos, de consecuencias demoledoras para la población y el Estado. English

Gema Santamaría
27 June 2016
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Un soldado sostiene su arma mientras patrulla una calle de Morelia, en el estado de Michoacán, México. Foto AP /Carlos Jasso. Todos los derechos reservados.

La llamada guerra contra las drogas en México no ha terminado. Aunque ya no forma parte del discurso oficial del gobierno, la lógica bélica sigue impregnando las estrategias militarizadas del Estado contra las organizaciones criminales. Y lo que es más importante: la guerra sigue incidiendo en las personas, las familias y comunidades que padecen sus consecuencias bajo la forma de extorsiones, secuestros, desapariciones, tortura y desplazamientos forzosos. Son más que “efectos colaterales”: esta variedad de formas de violencia y sus víctimas centran la actual Guerra de México.

En la medida en que impacta de manera fundamental en la vida y el bienestar de miles de ciudadanos, esta guerra no puede ya entenderse- si es que alguna vez pudo entenderse así -  como una guerra que libra el Estado contra organizaciones criminales. El número de masacres cometidas por dichas organizaciones criminales, con la complicidad o negligencia de los agentes estatales, contra civiles desarmados - incluyendo inmigrantes – desvela una realidad cuyas raíces y ramificaciones estamos tan sólo empezando a entender. El alcance geográfico de la violencia y sus niveles de brutalidad confirman que México está efectivamente padeciendo una guerra, aunque de un tipo diferente. Eruditos como Andreas Schedler han sugerido el término "guerra civil económica"; otros han propuesto "narcoviolencia" o "guerra no convencional". Una guerra civil, diría yo, contra y entre ciudadanos, independientemente de su relación con el "negocio de la droga."

Al principio de su mandato, el presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a distanciarse de la estrategia de seguridad del gobierno anterior. Basada en operaciones militares, encarcelamientos masivos y la neutralización de los principales líderes de las organizaciones de narcotráfico, esta estrategia se ya se percibía entonces como limitada en su alcance y perjudicial en sus consecuencias. No sólo no logró disminuir los niveles de violencia, sino que produjo unas organizaciones criminales más fragmentadas, dispersas y depredadoras. A pesar de ello, Peña Nieto abandonó rápidamente su primer impulso de revisar y transformar las políticas de seguridad del país. La posibilidad de adoptar un enfoque más integral y centrado en las personas fue sustituido por una serie de iniciativas dispares encaminadas a dar respuestas inmediatas ante lo que son claramente desafíos institucionales y estructurales profundamente arraigados.

La dislocada estrategia de seguridad de México ha reproducido, por tanto, los errores del pasado, pero ha dado lugar también a nuevos y más profundos signos de erosión democrática. Concretamente, la sociedad civil y organizaciones internacionales han documentado violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que se han producido ante la negligencia y con la colusión criminal de agentes estatales en los distintos niveles de gobierno. El Grupo de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y, más recientemente, la Open Society Justice Initiative, han documentado sistemáticamente casos de tortura, de abuso y violencia cuya presencia es sistémica y generalizada, y no aislada.

Estas y muchas otras organizaciones que trabajan en estrecha colaboración con las víctimas y sus familias se han dirigido al gobierno en busca de respuestas. La réplica de las autoridades mexicanas ha sido entre cautelosa y defensiva, inclinándose más hacia esta última opción en los últimos meses. Este cambio de posición queda reflejado en la respuesta inicial del gobierno, abierta e incluso de bienvenida, hacia el GIEI y su posterior actitud defensiva y desdeñosa. Huelga decir que este tipo de respuesta incoherente es contradictoria con el nivel de madurez democrática alcanzado por la sociedad mexicana. Daña además la posición de México como actor global que en los últimos veinte años ha hecho suya y promovido a nivel internacional una agenda de derechos humanos. Más aún, las reacciones del ejecutivo han laminado el proceso para esclarecer la verdad y establecer justicia, en perjuicio de miles de ciudadanos y de la propia legitimidad del gobierno.

Sin lugar a dudas, el gobierno mexicano se enfrenta a una tarea difícil. Aceptar las conclusiones de los actores de la sociedad civil y las organizaciones internacionales equivaldría a reconocer que los actuales niveles de violencia y abuso en el país reflejan algo más que unos pocos casos aislados. En otras palabras, llevaría al gobierno a abandonar su narrativa de "algunas manzanas podridas" y reconocer el abandono sistemático, por parte del Estado, que se da tanto a nivel local, como también estatal y federal. Sería asimismo forzarle a reconocer que hay espacios que han caído bajo el control de las organizaciones criminales, con el conocimiento y la complicidad de los actores estatales - alcaldes, gobernadores, policía y personal militar.

El temor a que México sea tachado de "estado fallido" es muy fuerte entre las élites políticas del país, al igual que a perder soberanía ante actores y organizaciones internacionales que podrían decidir intervenir en asuntos considerados de "interés nacional". Sin duda, la etiqueta de "estado fallido" ha demostrado ser una herramienta inadecuada y a menudo utilizada con motivaciones políticas que contribuye muy poco a reconstruir las capacidades institucionales y estructurales de los países. Pero la demanda de transparencia, rendición de cuentas y respuestas adecuadas por parte de la comunidad internacional no puede ignorarse.

La noción de soberanía como protección de los intereses nacionales y estatales, paradigmática del Estado posrevolucionario de México, ya no se sostiene. Un país es soberano en la medida en que puede cumplir con su mandato de proteger a los ciudadanos de cualquier daño y proporcionarles medios eficaces para que se haga justicia. No sirve el orgullo nacionalista; la responsabilidad de México de proteger a los mexicanos es indiscutible e inquebrantable.

Las autoridades mexicanas harían bien en hacer frente a los retos y recomendaciones que les han hecho organizaciones internacionales, la sociedad civil y periodistas de investigación, así como las víctimas y sus familias. Sería un signo de fortaleza y madurez democrática que podría abrir un proceso de reconstrucción de los sistemas de seguridad y justicia en México. En lugar de rechazar o hacer caso omiso a las peticiones de justicia de diferentes actores nacionales e internacionales, el gobierno mexicano debería aprovechar estos diagnósticos y pedirle a la comunidad internacional recomendaciones específicas y viables que se puedan poner en práctica en cuestión de meses. Ya se han hecho algunas recomendaciones prometedoras, entre ellas la creación de un órgano de investigación independiente similar a la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala. Tomar estas recomendaciones en serio implica, una vez más, superar actitudes defensivas y nacionalistas. Implica mirar a Guatemala y a los países del triángulo norte como estados que ofrecen evidencias importantes de éxitos y fracasos.

Las raíces de los niveles actuales de violencia en México se hallan tanto en el pasado como en el presente. Tienen que ver con una aplicación parcial y politizada de la ley, que permitía a las élites políticas ejercer control sobre las comunidades y territorios utilizando medios extra-legales. Tienen que ver también con la reciente escalada de la violencia relacionada con las drogas y con una estrategia de seguridad fracasada que ha corroído las instituciones del Estado y las comunidades locales. La guerra no desaparecerá por sí sola. A menos que se tomen medidas serias y sistemáticas para revertir el daño causado por unas estrategias reactivas y militarizadas, las consecuencias de esta guerra se seguirán sintiendo de manera profunda y extensa.

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