El aborto se prohibió totalmente en Chile por la dictadura de Augusto Pinochet, y solo desde 2017 se permite en casos de violación, inviabilidad fetal y riesgo de vida para la mujer.
Si la nueva constitución es aprobada por voto popular en septiembre, Chile puede convertirse en el primer país del mundo en dar rango constitucional al derecho al aborto.
El año pasado, la corte suprema de México declaró inconstitucional la penalización absoluta del aborto e invalidó una ley federal que permitía al personal de salud negarse a realizar abortos por “objeción de conciencia”.
Este fallo significa que ninguna mujer puede ir a la cárcel por abortar, sienta jurisprudencia y presiona a los estados para que legalicen el aborto.
De hecho, siete estados mexicanos ya legalizaron el aborto voluntario en las primeras 12 semanas de gestación, cinco de ellos en el último año y medio: Ciudad de México (2007), Oaxaca (2019), Veracruz, Hidalgo, Baja California, Colima (2021) y Sinaloa (2022).
Hoy podemos decir que 37% de la población de América Latina y el Caribe, que asciende a 652 millones de personas, vive en países donde las mujeres ganaron el derecho al aborto legal o a no ser encarceladas por abortar (incluyendo también a Cuba, Guyana y Puerto Rico). Hace cinco años la proporción era de menos de 3%.
Nada de esto hubiera sido posible sin el activismo, las redes feministas, las movilizaciones, la discusión sobre la autonomía de las mujeres.
Además, gracias a los avances de la medicina y a la innovación feminista, la mortalidad por aborto no ha dejado de caer. Entre 2005 y 2012, la tasa de tratamiento por complicaciones de abortos inseguros disminuyó en un tercio, según el Instituto Gutmmacher, que reconoce que el uso del fármaco misoprostol “se volvió más común en toda la región” y “parece haber aumentado la seguridad de los procedimientos clandestinos”.
¿Innovación feminista? Fueron las feministas latinoamericanas las que detectaron, en la década de 1990, que el misoprostol era efectivo y seguro para interrumpir embarazos. Hoy, es un fármaco recomendado por la Organización Mundial de la Salud y adoptado por los sistemas de salud de muchos países.
Fueron ellas también las que instauraron una jornada de lucha – el Día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro – que hoy se observa en todo el mundo cada 28 de septiembre.
Queda mucho por hacer
Pero incluso con este notable progreso, millones de personas aún conviven con una realidad horrenda. El aborto está completamente prohibido en El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Surinam. En El Salvador, las mujeres pueden sufrir condenas de hasta 50 años por un aborto espontáno o por parir un mortinato.
En Belice, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela, el aborto se permite solo en circunstancias muy limitadas – por lo general cuando está en riesgo la salud o la vida de la mujer. Belice y Bolivia también consideran penurias económicas y familiares y, junto con Brasil y Panamá, la violación y defectos fetales severos.
Las niñas y las mujeres violadas son obligadas a parir no solo en los países con prohibición absoluta, también en Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Perú y Venezuela. En Ecuador, donde el parlamento aprobó el aborto en casos de violación, el presidente Guillermo Lasso vetó parcialmente la ley.
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