Rodolfo Hernández, ex alcalde de Bucaramanga de 77 años, se incorporó a la contienda electoral hace apenas unos meses. Candidato por la Liga de Gobernantes Anticorrupción, el empresario sorprendió a los comentaristas y es un competidor nuevo y ampliamente desconocido en la carrera electoral.

Aterrizó con fuerza, lanzando acusaciones al resto de los candidatos, acusándolos de corruptos y delincuentes. Utilizando sobre todo las redes sociales, las llamadas "marchas" y un discurso provocador basado en ofrecer soluciones sencillas a cuestiones complejas, consiguió desplazar del segundo puesto a Federico "Fico" Gutiérrez, candidato de la alianza de derechas Equipo por Colombia. Al tiempo que ataca la corrupción de los partidos políticos tradicionales, propone ideas conservadoras (reducir los impuestos) combinadas con otras liberales (por ejemplo, estar a favor del aborto).

La segunda vuelta le enfrentará a Gustavo Petro, líder del partido progresista Pacto Histórico, que haría historia al convertirse en el primer presidente de izquierdas del país. Se presenta con la activista afrocolombiana Francia Márquez, que se convertiría en la primera vicepresidenta negra de la historia. Tienen posibilidades reales de ganar, lo que ha provocado una intensa reacción de las fuerzas de derecha, formadas por la clase empresarial, los militares e incluso los organismos estatales, que deberían ser neutrales.

Los dos políticos recibieron numerosas amenazas de muerte por parte de organizaciones criminales. "Nunca había visto algo así", dijo un portavoz de la Organización Nacional de Pueblos Indígenas de Colombia, que apoya a Petro, en una entrevista previa a la votación.

Las elecciones se producen en un momento de aumento de la violencia política y del crimen organizado. El líder entrante también tendrá influencia sobre el futuro del acuerdo de paz firmado en 2016, inicialmente celebrado como el más progresista del mundo, pero que ha sido obstaculizado repetidamente por el gobierno actual.

Pero el sorprendente aumento de los apoyos de Hernández ha sacudido el panorama electoral. Dado que sólo se presentan dos candidatos en segunda vuelta, es probable que muchos votantes de derechas se unan tras el empresario, al que se ha comparado con Trump y Berlusconi. De este modo, el Centro Democrático (el partido ahora en el gobierno) espera seguir ejerciendo el poder con un presidente diferente. Por otro lado, muchos votantes de centro siguen desconfiando de Petro, que en su juventud fue guerrillero. Hace tiempo que se distanció de la lucha armada y, en el período previo a la votación del 19 de junio, se ha presentado como el defensor de un establishment que debe ser reformado, frente a un populista que puede destruirlo.

Un país contradictorio

Colombia es una paradoja: muy avanzada, rica en recursos naturales, con una extensa clase media urbana y una élite económica internacional; miembro de la OCDE y fuerte aliado de la OTAN y de Estados Unidos. Sin embargo, es también uno de los países latinoamericanos más desiguales y, con ello, uno de los más desiguales del mundo. La evasión de impuestos y la corrupción son rampantes.

El estilo de vida de las clases más acomodadas de Bogotá, Medellín o Cartagena se asemeja a menudo al de una rica ciudad europea; pero a pocos kilómetros, y especialmente en regiones como La Guajira, Cauca o Catacumbo, la pobreza es generalizada. Faltan carreteras, agua potable, hospitales, escuelas, jueces y policía. De una población de 51,6 millones de habitantes, 7,41 viven en la extrema pobreza. Además, hay 2 millones de inmigrantes venezolanos en el país. Las élites blancas y la clase media desprecian a los pueblos indígenas (subyugados y casi exterminados por el colonialismo español), a los afrocolombianos y a las comunidades pobres.

Esto se remonta en el tiempo, ya que el Estado colombiano se construyó sobre la base de guerras y alianzas entre las élites de Bogotá y los caciques locales, o caudillos. En el siglo XX, liberales y conservadores pactaron para controlar el poder, marginando a campesinos, indígenas y comunidades afrocolombianas.

En los años 60 surgieron varias guerrillas marxistas-leninistas que desbarataron el poder del Estado y controlaron territorios y comunidades. Desde los años 70, la sociedad y la política se han visto corrompidas por el narcotráfico, las fuerzas armadas y los grupos guerrilleros. La violencia extendida entre guerrillas, grupos paramilitares, narcos y fuerzas de seguridad del Estado mató a 261.000 personas entre 1958 y 2018, según el Centro Nacional de Memoria Histórica.

En Colombia, el Estado es profundamente paradójico. Alrededor del 40 por ciento del territorio colombiano no tiene presencia estatal, o es débil y negocia la "soberanía compartida" con grupos armados criminales o político-criminales.

Casi 100 grupos armados criminales operan en nueve regiones del país, incluyendo las fronteras con Venezuela y Ecuador. Muchos de ellos luchan por controlar los territorios abandonados por las FARC utilizados para cultivar coca y desarrollar otras economías ilegales. Las fuerzas militares están desplegadas a lo largo de las carreteras y los ríos, pero el crimen organizado, las disidencias de las FARC y el ELN controlan la vida y la economía de los territorios y sus poblaciones. Recientemente, para mostrar su fuerza, el grupo criminal Clan del Golfo declaró un paro general (armado) en 11 departamentos. El gobierno no hizo nada para impedirlo.

El largo camino hacia la paz

En 2016, el gobierno de Juan Manuel Santos firmó un acuerdo de paz con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), el grupo marxista más fuerte, que incluía una reforma rural para desarrollar las zonas afectadas por la guerra; un plan de sustitución de cultivos de coca; medidas judiciales y penas alternativas para guerrilleros, ex miembros de las fuerzas militares y empresarios implicados en la violencia; y planes para que los ex miembros de las FARC participen en la política legal y se reincorporen a un empleo remunerado.

Se esperaba que siguieran las negociaciones con el ELN (Ejército de Liberación Nacional), pero en 2018, el candidato derechista Iván Duque ganó la presidencia con una plataforma para detener el Acuerdo. Desde entonces, su partido político, Centro Democrático, ha combatido el Acuerdo con todos los medios políticos posibles.

En consecuencia, amplios apartados del acuerdo de paz siguen sin cumplirse, especialmente los relativos a las reformas rurales. Sin embargo, Duque no pudo impedir que la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) investigaran los crímenes y la incitación al delito. La clase militar, política y empresarial sigue preocupada por las complicidades del pasado que la JEP desvelará.

Mientras tanto, la violencia ha aumentado contra ex miembros de las FARC, líderes sociales rurales y defensores del medio ambiente, de las minorías y de los derechos humanos que apoyan el Acuerdo. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, en 2021 se produjo el mayor aumento de la violencia de los últimos cinco años. Los atentados y asesinatos (unos 1.000 desde 2016) son cometidos por grupos criminales, a veces subcontratados por las clases económicas que temen que sus privilegios estén en peligro. El sistema judicial carece de medios para procesar y es lento e ineficiente.

Entre 2019 y 2021, las manifestaciones masivas salieron a las calles, exigiendo políticas universales de salud y educación, medidas anticorrupción, protección legal para minorías y líderes sociales y la implementación del Acuerdo de Paz.

Larga lista de tareas pendientes

En la lista de tareas del nuevo presidente figuran la protección de la seguridad de los ciudadanos, una profunda reforma fiscal, la lucha contra la corrupción y la evasión de impuestos, la ampliación de los servicios públicos y el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Venezuela. Sin embargo, la tarea que tiene por delante se verá complicada por el aumento de los precios de los alimentos y los fertilizantes debido a la guerra de Ucrania, las amenazas de recesión y el hecho de que la comunidad de donantes se centre en escenarios más urgentes en Europa.

Los candidatos presidenciales tienen enfoques muy diferentes. Gustavo Petro quiere limitar y gravar la explotación de petróleo y minerales -un asunto que preocupa a las empresas nacionales e internacionales-, así como promover la transición hacia una economía verde e implementar el Acuerdo de Paz.

Por su parte, Hernández se presenta con un vago programa antipolítico, y parece dispuesto a gestionar el país como lo hace con su empresa privada, mientras habla de boquilla de las iniciativas anticorrupción. Sigue siendo un misterio cómo abordará los numerosos problemas acuciantes del país.

Si Petro gana, casi la mitad del país esperará que cumpla con las reformas que se le han negado al país durante décadas. El resto, incluidos varios grupos de poder, se opondrán completamente a él y harán todo lo posible para evitar que gobierne.

Si Hernández se impone este domingo, el partido Centro Democrático, actualmente en el poder, le proporcionará ministros para que continúe como hasta ahora, sin activar ningún cambio real. Esto probablemente desencadenará nuevas protestas sociales.

Independientemente de quién gane, el crimen organizado y los grupos guerrilleros permanecen al acecho y parecen dispuestos a intensificar sus ataques.

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Este artículo se publicó originalmente en Kulturaustausch, en alemán y también en inglés