En sus primeros 100 días como líder de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva ha ratificado que el medio ambiente está entre sus prioridades – pero los resultados todavía no se han traducido, por ejemplo, en un cambio en la intensidad de la deforestación del Amazonas brasileño.

Por el contrario, los tres primeros meses de 2023 vieron tasas récord de tala en el bosque tropical y también en el Cerrado –la sabana más grande del mundo–, llegando a valores equivalentes o más altos que los vistos durante la gestión del expresidente Jair Bolsonaro. Con 1.200 km2 destruidos, la superficie deforestada hasta ahora equivale a 20 veces la superficie de Manhattan.

Lula tiene un desafío enorme por delante. Bajo su antecesor, Brasil experimentó la inversión más baja en el medio ambiente desde el año 2000, y no fue por necesidad presupuestaria. La agenda de Bolsonaro era explícita en su objetivo de desmantelar, no sólo las políticas medioambientales del país, sino también las organizaciones encargadas de hacer cumplirlas.

El gobierno Lula arrancó bajo los focos. En enero, relatos visuales de la crisis humanitaria de los Yanomami dieron la vuelta al mundo. El hambre extrema y la negligencia sanitaria estampadas en las figuras esqueléticas de niños y ancianos capturaron la catástrofe provocada por Bolsonaro. También ilustró la envergadura del trabajo al que se enfrenta del su sucesor, ya que la minería ilegal fue el principal motor de la crisis y será muy complicado erradicarla de los remotos territorios de la Amazonia que habitan los Yanomami.

De hecho, los primeros 100 días del gobierno Bolsonaro fueron marcados por el desmantelamiento de las políticas ambientales. Lula llega al cargo con una pesada herencia, pero se aprecia un abordaje diferente.

El retorno de las instituciones ambientales

El presidente ha reestructurado ministerios extintos o desfigurados por Bolsonaro, además de nombrar a personas capacitadas para encabezar organismos socioambientales, como la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai) y el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Ibama).

En los primeros 100 días bajo Lula, las multas por deforestación y otros delitos ambientales en las regiones amazónicas han aumentado en 219% con relación al promedio de los cuatro años de gobierno Bolsonaro.

Frente a la crisis Yanomami, Lula firmó decreto que autoriza a la Fuerza Aérea a fiscalizar la tierra indígena para combatir la minería ilegal.

En su primer día como presidente, Lula restableció el Fondo Amazonía. Puesto en marcha en 2008 para captar fondos internacionales para el combate a la deforestación, la iniciativa había sido desactivada por Bolsonaro en 2019. El presidente también eliminó las donaciones internacionales destinadas al medio ambiente del techo de gasto, la regla fiscal brasileña que limita que el avance del gasto público supere al de la inflación.

Lula contra la agroindustria

Pero los desafíos de Lula frente al medio ambiente no se reducen al daño técnico y práctico dejado por Bolsonaro. El movimiento de extrema derecha que eligió a Bolsonaro se dio en un contexto de polarización de diferentes sectores de la sociedad brasileña, incluyendo la influyente agroindustria.

Bolsonaro tiene a su lado al poderoso sector agropecuario y, lo que es más importante, a sus representantes en el Congreso – conocidos como la Bancada Ruralista. Este es un obstáculo relevante para Lula, una vez que la Bancada Ruralista representa uno de los grupos más influyentes en el Legislativo.

La disputa entre los grandes agricultores y el Partido de los Trabajadores se da desde la fundación del partido de Lula, a fines de los años 80. En su ascensión, el PT abrazó la causa del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST), que siguen siendo importantes aliados de Lula y los suyos. Para hacerles frente, la agroindustria brasileña siempre ha apoyado la oposición al PT a través de la que históricamente fue la coalición neoliberal encabezada por el PSDB.

Pero, a pesar de las promesas de promover una reforma agraria que hizo Lula al ser elegido presidente por primera vez en 2002, el presidente no pudo disminuir el poder de los grandes agricultores. Por el contrario, el peso de la exportación agrícola creció en sus dos primeros mandatos (2003-2010) de US$ 30.6 mil millones a US$ 76.39 mil millones, o casi el 150%, un porcentaje más significativo que el visto en el gobierno Bolsonaro (US$ 96.85 mil millones a US$ 120.52 mil millones, un alza del 24,4%).

La agroindustria y la extrema derecha

Aunque el gobierno Lula fue favorable a la agricultura industrial, un enfrentamiento ideológico siguió guiando las relaciones públicas entre ambos. Con la ola creciente de la extrema derecha que vive Brasil, la agroindustria se desplaza cada vez más a ese lado del espectro político, ayudando a impulsar el movimiento que llevó a Bolsonaro al poder.

Aun cuando Lula y el sector agrícola siempre operaron bajo tensión, encontraron maneras de trabajar juntos. La situación ahora es un poco diferente. El agronegocio brasileño quedó bajo sospecha internacionalmente por su toma de partido a favor de Bolsonaro y la destrucción del Amazonas y otros biomas nacionales que llevó a cabo su gobierno, y esto sigue siendo muy relevante puesto que los dos principales motores de la deforestación en Brasil son la ganadería y el cultivo de soja.

Como uno de sus principales objetivos es recuperar la imagen y la diplomacia brasileña en el escenario internacional, Lula tiene que hacer frente inevitablemente a los poderosos agricultores y ganaderos industriales. “No me preocupo cuando dicen que al agro no le gusta Lula”, defendió en la COP27 en noviembre del año pasado, tras ganar las elecciones pero antes de asumir el cargo. “No quiero gustarles, pero sí que me respeten”, afirmó.

En sus 100 primeros días de gobierno, el presidente redujo el poder del Ministerio de Agricultura, nombrando un ministro que promueve la producción sostenible y la narrativa de que hay que “pacificar” el sector. Las medidas no han pasado desapercibidas para los grandes agricultores y sus representantes políticos, que mantienen su combate por conservar y hacer crecer el volumen de sus explotaciones gigantescas.

Entre las decisiones que irritaron al sector está el nombramiento de Marina Silva como ministra del Medio Ambiente, cargo que ocupó entre 2003 y 2008, cuando finalmente renunció, argumentando que el gobierno Lula imponía obstáculos a la agenda ambiental. La reconciliación entre Marina Silva y Lula sugiere que el presidente, esta vez, sí pretende priorizar el medio ambiente por encima de los intereses agrícolas. De hecho, la colaboración entre los dos resultó en una disminución radical de la deforestación durante los primeros dos mandatos de Lula.

La tensionada relación entre Lula, el gran agronegocio y los defensores del medio ambiente requerirá un equilibrio político delicado. Conseguir la urgente recuperación del crecimiento económico sin que crezca el agronegocio es una ecuación casi imposible en Brasil.

Pero el experimentado presidente tiene en su repertorio la capacidad política, técnica y personal para lograrlo. Su agenda ambiental y todas las dificultades que la rodean será uno de los principales ejes de su tercer mandato como presidente de Brasil. La conciliación entre la reactivación económica y las políticas sociales y medioambientales determinará el éxito o el fracaso de su gestión.