democraciaAbierta: Analysis

Violencia electoral e influencia ilícita en México

Estas elecciones del 6 de junio en México han sido testigo de múltiples asesinatos, ya que el crimen organizado busca reforzar su influencia.

International Crisis Group
4 junio 2021, 12.00am
Bandera de México sobre fondo de barro agrietado
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International Crisis Group acaba de presentar su informe latinoamericano nº 87 sobre la crisis de violencia electoral en México. Publicamos aquí el resumen ejecutivo. Lea el informe completo aquí

¿Qué hay de nuevo?

El 6 de junio, México celebrará la jornada electoral más grande de su historia, en la que se decidirán 21 000 cargos de elección popular en todo el país. Las fuerzas de la oposición acusan al presidente Andrés Manuel López Obrador de querer instalar un gobierno autoritario si sus aliados logran imponerse en las urnas. Mientras tanto, grupos criminales explotan la contienda electoral en búsqueda de impunidad y poder.

¿Por qué importa?

Hay un ambiente político altamente polarizado y los partidos políticos son débiles y oportunistas. Los grupos criminales se valen de favores y amenazas para ganar influencia sobre los futuros funcionarios electos. Los lazos entre el gobierno y el crimen organizado que llevan mucho tiempo debilitando las políticas de seguridad perpetúan los altos niveles de violencia del país.

¿Qué se debería hacer?

Cortar los vínculos entre delincuentes y funcionarios del Estado será una tarea difícil, en especial dada la aparente falta de voluntad del gobierno para actuar. Aun así, los actores internacionales deberían apoyar el fortalecimiento de los organismos independientes de observación electoral y un giro hacia políticas focalizadas y menos militarizadas para frenar la inseguridad en las áreas más violentas de México.

Resumen ejecutivo

A medida que México se acerca a la jornada electoral más masiva de su historia, los grupos criminales del país compiten por instrumentalizar las elecciones para incrementar sus ganancias y poder. Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia en 2018 prometiendo librar al país de las élites neoliberales corruptas.

La contienda por los más de 21 000 cargos a distintos niveles del Estado mexicano pone a prueba esta misión. Sus opositores, por su parte, alegan que el gobierno ha sido irresponsable en su postura hacia la pandemia de COVID-19, y protestan por su retórica divisiva y sus presuntos planes para establecer un control central y autoritario sobre el aparato estatal.

Pero mientras los candidatos compiten por conseguir votos, los grupos criminales se han mantenido ocupados buscando potenciales aliados entre los futuros funcionarios, independientemente de su filiación política. La lucha entre estos grupos por conseguir una mayor influencia sobre el Estado ha desatado una ola de violencia electoral, que hasta ahora ha cobrado la vida de 89 personas.

Es probable que la complicidad entre autoridades estatales y grupos ilegales continúe, provocando aún más derramamiento de sangre, si no se toman medidas para frenar la corrupción y la impunidad durante y después de las elecciones.

Desde hace varios ciclos, las elecciones en México se han visto empañadas por oleadas de asesinatos, dirigidos principalmente contra candidatos y funcionarios estatales: 371 funcionarios y 152 políticos, incluidos 48 candidatos, fueron asesinados en el periodo previo a las últimas elecciones generales de hace tres años.

Muchas de estas víctimas habían caído en desgracia con organizaciones criminales, quienes en su búsqueda de acuerdos turbios para conseguir protección y acceso a instituciones y fondos públicos suelen ser implacables.

Los asesinatos de candidatos se multiplican pero las autoridades parecen carecer de la voluntad o la capacidad necesaria para judicializar a los culpables o proteger a los candidatos en riesgo

Con un índice de condenas terriblemente bajo para delitos graves como los homicidios (suman más de 30 000 al año, de los cuales casi el 90 por ciento quedan en la impunidad) y con los órganos de policía y judiciales permeados por las influencias de los grupos ilícitos, en especial en las regiones donde hay fuertes conflictos armados, las autoridades parecen a menudo carecer de la voluntad o la capacidad necesaria para judicializar a los culpables o proteger a los candidatos en riesgo.

Este ciclo electoral ha traído más de lo mismo, con un ambiente político polarizado, partidos y candidatos oportunistas y grupos criminales ansiosos por aumentar su influencia. En el lado del gobierno, MORENA, el partido de López Obrador que fue creado en 2014 para promover sus aspiraciones presidenciales, carece de cohesión y ha sido explotado por interesados que ven al partido como un vehículo útil para alcanzar el poder.

Por su parte, los partidos de la oposición están estancados, con pocos líderes de peso y muchas fisuras internas. En ambos lados, los candidatos que quieran reforzar su campaña con financiación y bloques de votos garantizados podrían recurrir a la ayuda de grupos criminales.

A su vez, estos grupos criminales están cada vez más enfrentados entre sí. En los últimos años, los grupos criminales más grandes, que en algún momento dominaron la escena del crimen organizado en el país, se han dividido en una serie de facciones más pequeñas. Como lo confirman fuentes criminales, las relaciones transaccionales con políticos electos y funcionarios estatales son una de las ventajas más significativas que puede tener un grupo ilícito.

La interacción entre la contienda electoral y la aparente corrupción se ven claramente en la región de Tierra Caliente en el estado de Michoacán, una de las más devastadas por el conflicto, donde grupos criminales rivales buscan obtener una ventaja competitiva al establecer pactos con aquellas personas que posiblemente serán electas.

Las prósperas relaciones entre actores estatales y grupos criminales son uno de los mayores obstáculos para reducir las altísimas tasas de violencia e impunidad del país

Si sus candidatos triunfan, estos grupos pueden esperar favores que van desde la impunidad hasta recibir protección de las fuerzas de seguridad estatales y federales, o incluso acceso a fondos públicos. Los conflictos locales tienden a empeorar cuando los grupos rivales llegan a acuerdos con distintas agencias o instituciones estatales, pues esto impide que una sola red criminal domine, lo que propicia luchas violentas perpetuas.

Las prósperas relaciones entre actores estatales y grupos criminales, que están basadas en un quid pro quo entre apoyo electoral ilícito y corrupción oficial, son uno de los mayores obstáculos para reducir las altísimas tasas de violencia e impunidad del país. No será fácil romper estos lazos, especialmente dada la falta de un liderazgo fuerte al más alto nivel del gobierno sobre este asunto.

Los socios de México, como EE. UU. y la UE, deben buscar aliados en el gobierno y la sociedad civil que puedan tomar medidas para estabilizar las regiones sumergidas en la violencia. Uno de esos pasos sería fortalecer las instituciones encargadas de velar por la integridad de las elecciones y resguardar la independencia de esos órganos, lo cual resulta esencial para cualquier esfuerzo por proteger a los funcionarios electos de la influencia criminal.

Pero los patrones de corrupción, cooptación e impunidad están profundamente arraigados en el sistema electoral y el sistema político. Para contrarrestarlos será necesario reforzar los mecanismos de control externo y de rendición de cuentas, respaldados por la sociedad civil, en instituciones como la policía y las fiscalías.

El esfuerzo general de ponerle freno al poder criminal en México también requerirá una revisión integral de la actual política de seguridad, que a pesar de la promesa que hizo López Obrador al asumir el cargo de cambiar de rumbo, continúa apoyándose demasiado en el uso de la fuerza militar y es por ello contraproducente.

Un camino más eficaz sería diseñar estrategias para el contexto específico de cada una de las áreas afectadas por el conflicto, que ayuden a las fuerzas de seguridad a proteger a la población civil vulnerable, y también creen iniciativas para limpiar las instituciones locales y programas que aborden las causas socioeconómicas que propician el reclutamiento por parte de los grupos criminales.

Aquí de nuevo falta actualmente voluntad del gobierno federal para adoptar dichas iniciativas, pero algunas autoridades estatales y municipales al igual que grupos de la sociedad civil están trabajando de manera innovadora. Washington y otros actores externos influyentes deberían apoyar estos esfuerzos locales, y a la vez presionar al gobierno federal para que cambie de rumbo hacia una nueva política de seguridad que pueda ayudar a México a salir del ciclo letal en el que se encuentra.

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