Cientos de indígenas invadieron el plenario de la Cámara de Diputados en Brasília en el 2013 y tomaron las sillas de los parlamentarios para protestar una propuesta que daría al Congreso poderes para demarcar tierras indígenas. José Cruz/ABr - Agência Brasil. CC BY 3.0 br.
Ausencia de elecciones libres, criminalización de las voces críticas al gobierno, represión sistemática de manifestantes y Poder Judicial inoperante frente a los abusos del gobierno. Estas son solamente algunas de las razones por las que Venezuela merece el rótulo de dictadura. Mientras allá la ruptura de la democracia afecta a la población en general y a los pueblos indígenas en particular, en Brasil los pueblos indígenas y quilombolas están sujetos a atropellos institucionales y a una oleada de violencia e impunidad propias de un país sin estado de derecho.
Hasta julio de 2017, 33 defensores del ambiente habían sido asesinados en Brasil, siendo la mayoría de ellos indígenas. Con 50 ejecuciones en el 2015 y 49 en el 2016, Brasil encabeza, desde hace tres años, la lista de países donde más ejecutan a defensores de la naturaleza. Tales muertes suelen ocurrir bajo el mismo patrón: autoridades locales vinculadas con latifundistas que ocupan tierras tradicionales, patrocinan los ataques y luego gozan de una impunidad casi absoluta. Mientras en Venezuela la Guardia Nacional Bolivariana es aquiescente con civiles armados que asesinan a manifestantes, en algunos estados de Brasil, milicias financiadas por latifundistas reprimen y ejecutan a integrantes de comunidades que reivindican sus territorios.
