La sentencia a 10 años de prisión de Jeanine Áñez, expresidenta interina de Bolivia acusada de orquestar un golpe contra Evo Morales para llegar al poder, pone en evidencia la vulnerabilidad del sistema de justicia en el país – y sirve de señal de alerta para las naciones latinoamericanas que vienen observando la debilitación de sus instituciones jurídicas en los últimos años.
El problema no es que Áñez haya sido condenada por crímenes cometidos bajo su mandato, que empezó el 10 de noviembre de 2019 cuando Morales se fue del país luego de lo que él – y muchos analistas – han caracterizado como un golpe de Estado.
De hecho, Áñez es acusada de crímenes graves, incluidos supuestas violaciones de derechos humanos al autorizar al Ejército a usar fuerza excesiva para reprimir las protestas populares de noviembre de 2019, a solo días de asumir el poder. Como resultado, 33 manifestantes murieron y más de 800 quedaron heridos. Su decreto fue criticado por organizaciones internacionales de derechos humanos como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Por las muertes, el gobierno acusó a Áñez de genocidio.
